Castilla-La Mancha respeta las movilizaciones ciudadanas, sean de la índole que sea, pero no entiende el afán político de las administraciones por inmiscuirse en ellas. Ese es el resumen que deja la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, sobre las protestas de Scrats, en sus propias palabras están «dirigidas políticamente» por los Gobiernos de Murcia y Valencia.

La cuestión empeora cuando se trata de administraciones regioanles «que no han hecho ningún tipo de aportación técnica» a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Unas normas que llevan dilatándose en el tiempo largos meses.

En este sentido, la titular de Desarrollo Sostenible ha recordado a los medios de comunicación que «todavía no están cubiertas al 100 por cien las necesidades de la cuenca cedente», al tiempo que la calidad del Tajo no es la que corresponde para ser «un río vivo» y tampoco cuenta con los caudales ecológicos que desde Europa recomiendan.

Además, Gómez ha señalado que a Castilla-La Mancha le avalan cinco sentencias del Tribunal Supremo, por lo que seguirán «aportando suficiente información» y colaborando con el Gobierno de España «si se hacen bien las cosas».