Los representantes de la cadena alimentaria, desde el sector primario a la distribución y la industria, se comprometieron el pasado lunes, en una reunión presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al «cumplimiento efectivo» de la Ley de la Cadena Alimentaria tras analizar la difícil situación que atraviesa el sector por el fuerte incremento de los costes. «La medida más concreta que ha salido de esta reunión es el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena, donde todo el mundo se ha declarado dispuesto a hacerlo», avanzó Planas al término de una reunión que llega en un «momento excepcional» para el sector, fuertemente impactado por el incremento de los costes.
El titular de Agricultura subrayó que en esta situación de «preocupación de costes y precios» ha habido en la reunión un ambiente «muy positivo y constructivo por parte de todos para buscar respuestas a esta situación que no es sencilla». Un encuentro al que acudieron representantes del sector primario como las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de España, así como de la industria y la distribución, con la presencia de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y de la Asociación Nacional de Grandes Empresas (Anged).
«Tenemos que ser capaces de dar una solución a esta situación en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria. Todo el mundo está dispuesto a asumir su parte de responsabilidad y el Gobierno también», ha recalcado Planas. El titular del ramo subrayó que la norma supone un «avance en la transparencia y en la formación de precios». «Esta segunda reforma va más allá de la primera, ya que en ésta se habla de la prohibición de venta a pérdidas», recordó. De esta forma, se ha pactado en la reunión dar una especial atención a los sectores más afectados por estos incrementos de costes, como son el ganadero, en especial el de vacuno y el de ovino de leche, que «es el eslabón más débil en este contexto».
Por su parte, los representantes de ASAJA, COAG y UPA coincidieron al término de la reunión en la necesidad de que se cumpla «a rajatabla» la Ley de la Cadena Alimentaria y no descartan mantener las movilizaciones. «En la reunión no ha habido ni muertos ni heridos, pero no ha arreglado los problemas, aunque sí se ha puesto sobre la mesa la actual situación del sector y hay que seguir profundizando más», ha reconocido el presidente de ASAJA, Pedro Barato, que ha recalcado que es «fundamental que se cumpla la Ley de la Cadena a rajatabla».
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, consideró la norma como un «instrumento válido, pero que tiene cumplirse». «Hemos pedido al Ministerio que, si no se cumple, que se pongan las herramientas necesarias para que sea efectiva, como potenciando la AICA», subrayó. Padilla también avanzó que en la reunión han pedido a Agricultura un plan de choque para el sector en el que haya ayudas de 'minimis', «porque es una situación que lo requiere», así como «medidas fiscales que puedan ayudar un poco a paliar esta situación». El responsable de COAG instó también a la creación de un observatorio de los precios de los insumos, así como otra mesa para analizar las importaciones. «Es uno de los grandes problemas que tenemos por la competencia desleal», ha indicado.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se congratuló de que en la reunión se haya sacado un «compromiso claro de que la Ley de la Cadena hay que cumplirla y que esa voluntad se ponga encima de la mesa» por parte de todos los eslabones. Así, indicó que un ejemplo de que se cumple por parte de la industria y de la distribución sería con el lácteo. «Si la Ley de la Cadena se cumple, el problema de los costes estaría resuelto. El Gobierno tiene que poner las herramientas para que se cumpla, para que en sectores que lo están pasando peor, como el lácteo, el ganadero cobre como mínimo lo que le cuesta producir», recalcó. En cualquier caso Ramos dejó claro que se mantiene el calendario de protestas. «La movilización tiene que ser permanente para que las cosas se cumplan. El ejemplo del lácteo tiene que ser importante», reiteró, señalando que se está pendiente de fijar fechas para las movilizaciones.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, mostró su «preocupación» por garantizar en estos momentos la «viabilidad de las explotaciones» en este contexto complicado por el incremento de los costes.
Por su parte, desde FIAB valoraron «positivamente» la reunión para buscar soluciones «en estas difíciles circunstancias, a través del diálogo y trabajar en conjunto por todos los eslabones de la cadena alimentaria y en beneficio del consumidor». El director general de la federación, Mauricio García de Quevedo, señaló al término de la cita las «dificultades» que está sufriendo la industria en este contexto económico que «está afectando a todos». Por su parte, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, aseguró que comparte la «preocupación» de los diferentes eslabones de la cadena por el incremento «excepcional» de los costes.
Propuestas de Unión de Uniones ante la crisis.
Frente a la escalada de costes de producción sin precedentes, Unión de Uniones ha propuesto al Ministerio de Agricultura una serie de medidas que buscan disminuir el impacto de este incremento en las explotaciones. Entre ellas, se plantean medidas de ámbito fiscal, como rebajas en los módulos del IRPF, incremento del porcentaje de deducción de gastos de difícil justificación en estimación objetiva, reducción de costes de insumos en la estimación del rendimiento neto o la aplicación de tipos reducidos del IVA a los insumos agrarios, tal y como permite la Directiva europea que regula dicho impuesto. «Algunas de estas medidas, como la reducción del IVA de los insumos, ya las hemos propuesto en el marco de las negociaciones de la Ley de Presupuestos» indican desde la organización, «aunque es una señal de la no disposición del Gobierno a apoyar al sector el hecho de que no las hayan aceptado en el Congreso ninguno de los dos partidos que lo sustentan». Otras medidas que habrían ayudado a frenar la escalada de precios en el sector son, según Unión de Uniones, que el Gobierno hubiera cumplido su compromiso de regular el contrato de doble potencia para el regadío o considerar la eliminación de los royalties en las semillas utilizadas por el agricultor. Por otra parte, la organización insiste también que la Comisión debe proceder cuanto antes a suspender el Reglamento sobre beneficios a la importación de fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia, Estados Unidos y Trinidad y Tobago para flexibilizar su precio en la UE.