Antes de que el Gobierno regional elevara hoy públicamente sus quejas por la reducción de fondos para ayudas en Castilla-La Mancha, en las Cortes regionales PPy Ciudadanos ya alertaban de una discriminación entre comunidades autónomas en la distribución de los 7.000 millones que ha aprobado Moncloa para los sectores más afectados. «Del reparto que ha hecho Sánchez en un despacho, como siempre a oscuras, no sale beneficiada Castilla-La Mancha», avisó David Muñoz Zapata, portavoz de Ciudadanos. «Dos comunidades se quedan con el 30% de las ayudas, ¿esta decisión obedece a criterios objetivos y transparentes?», planteó Ana Guarinos, la diputada del PP, que añadió que entre esas dos regiones, que son Canarias y Baleares, representan el 15% de las pérdidas económicas del país y no el 30%.
Para el representante de Ciudadanos calcula que en algunas autonomías «van a faltar recursos como en Castilla-La Mancha y en otras van a sobrar». Muñoz Zapata hizo el cálculo de dividir los fondos otorgados entre autónomos. En Baleares saldrían a 9.400 euros de media y en Castilla-La Mancha a 1.387. Si lo divide entre habitantes, en Baleares la ayuda media está en 730 y en Castilla-La Mancha se quedaría en 100.
Aseguró que si todos los autónomos de Baleares pidieran la ayuda de 4.000 euros sobrarían 495 millones y que en la Comunidad Valenciana los fondos darían para la mitad. Sin embargo, avisó de que en Castilla-La Mancha solo habrá dinero para llegar a uno de cada tres. Aunque se ha mirado el impacto de la crisis en el turismo de comunidades como Baleares o Canarias, Muñoz Zapata apuntó que hay otros indicadores que se podrían haber tenido en cuenta para beneficiar a Castilla-La Mancha, que es la cuarta región con más paro o la tercera con menos PIB per cápita.
Muñoz Zapata pidió subir la partida de ayudas al 8% del PIB. - Foto: CARMEN TOLDOS (Cortes)En el debate, el PP hizo mucho hincapié en la exclusión de determinados sectores de las ayudas por no aparecer en las clasificaciones, algo para lo que llevan reclamando un pacto a nivel regional. Guarinos contó que las peluquerías y centros de estética quedan fuera, mientras que los locales de apuestas sí están dentro de las ayudas. Añadió que si una empresa es de alquiler de coches sí puede recibir ayudas, pero si es de alquiler de bicicletas no. «Llevamos proponiendo un acuerdo más de una semana y no hemos recibido más respuesta que la ironía del presidente», apuntó.
Por parte del PSOE, la portavoz Ana Isabel Abengózar aseguró que el Gobierno nacional ha mostrado ya su disposición a ampliar las ayudas a sectores. «La consejera de Economía desde el primer momento se puso en contacto con el Gobierno de España para ver cómo se podía mejorar ese decreto», subrayó.
Cs pide que un pequeño impago de impuestos no impida la subvención, pero el PSOE prefiere la opción de aplazar
Ciudadanos llevó a las Cortes una proposición para quitar el requisito de estar al corriente con los pagos tributarios o a la Seguridad Social para poder acceder a una ayuda. La portavoz de la formación naranja señaló que ya hay comunidades que lo han eliminado para facilitar el acceso a las ayudas a las pymes y autónomos que están pasando más dificultades. «Imagine a un autónomo que abre la caja y no tiene nada», expuso, «tiene que elegir entre pagar el alquiler o los impuestos». Cree que si se le permite recibir la ayuda a pesar de no estar al corriente de sus obligaciones, ese dinero lo podrá destinar precisamente a pagar esa deuda.
La propuesta de Ciudadanos consiguió el apoyo del PP, que la votó a favor. La diputada Gema Guerrero coincidió en que «los requisitos leoninos que se piden, suponen obstáculos insalvables» para acceder a las ayudas. En su opinión, «lejos de tratar de llegar al máximo posible, tienen una clara intencionalidad de criba».
Pero la proposición de Ciudadanos no salió adelante porque necesitaba el apoyo de la mayoría del PSOE, que votó en contra. El diputado socialista Antonio Sánchez Requena dijo que la propuesta «no era efectiva y tiene otras vías de solución». Se refirió a la posibilidad de pedir el fraccionamiento o el aplazamiento de pago de impuestos hasta 30.000 euros.