El Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado en el plan de recuperación, sobre todo para los transportistas profesionales. Así lo adelantó ayer el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, defendiendo que la propuesta realizada ante la Comisión Europea con fecha de implantación en 2024 se basa en un criterio de «coherencia», ya que España recibirá 140.000 millones de ayudas a cargo de todos los ciudadanos comunitarios cuando en la mayoría de los países del bloque ya se paga por ello.

De este modo, para Saura se trata de una medida «justa», porque pagarían solo los usuarios que utilizan las carreteras y no el conjunto de la población mediante los Presupuestos Generales del Estado.

«Desde un punto de vista de la coherencia, España está pidiendo a los ciudadanos europeos en su plan de recuperación que se invierta en nuestro país en infraestructuras de transporte, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea ya se está pagando por el uso de las carreteras, por lo tanto, coherencia, si estamos pidiendo recursos para invertir en las infraestructuras, lógicamente tenemos que plantear esa reforma», argumentó.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insistió en la necesidad de contar con el mayor consenso social, político y económico de cara a poner en marcha la iniciativa en tres años, sobre todo con el colectivo de transportistas, para los que la propuesta remitida a Bruselas ya los excluía del pago de los peajes, que tendrían que asumir los cargadores.

Un consenso que, ahora mismo, parece lejano, después de que el PP, Ciudadanos y el PDeCAT anunciaran que aprovecharán la próxima sesión de control en el Congreso para pedir cuentas al Ejecutivo.

El PP, además, tiene previsto afear al Gobierno su retraso a la hora de hacer público este plan, pues pese a ser aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros no fue publicado hasta el pasado miércoles, una vez celebradas las elecciones autonómicas de Madrid.

En esta línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, censuró la medida, hecho que considera de una «gravedad extraordinaria», por lo que llamó a una «gran movilización social» para impedirla.