España necesita convencer a Bruselas de que su sistema es fiable y estable. Lo necesita porque de eso depende tanto la recepción de los fondos de reconstrucción como el plazo en el que eso suceda, y huelga decir que las urgencias son todas. La Unión, por su parte, exige hechos. Quiere reformas y las quiere ya. Una de las más relevantes es la que afecta a las pensiones. Al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, le aprietan los plazos y esta semana se desmarcó con la afirmación de que el envío de la reforma era cuestión de días, a lo que añadió que el texto contaba con la bendición del diálogo social. Sonaba bien, pero ha resultado ser falso.
El borrador que Escrivá remitió a los sindicatos y la patronal, filtrado ayer a los medios sin que el Ministerio haga suya la paternidad del documento, contenía aspectos cruciales que no habían sido llevados a la mesa de negociación. El más relevante, la revisión de las cuotas de los autónomos. La propuesta implica que aquellos trabajadores por cuenta propia que ingresen menos de 22.000 euros al año pagarían menos, pero todos los demás, unos 700.000, pagarían más. La asociación nacional más poderosa de los autónomos ocupa una Vicepresidencia en la CEOE, así que la reacción no se hizo esperar y los empresarios ya le han dicho a Escrivá que vuelva a la mesa o se encontrará con el rechazo frontal a su reforma. Contrasta este frente con el de los sindicatos, que continúan practicando un perfil de presión casi imperceptible ante un texto que castiga con dureza la prejubilación de los trabajadores. Ha sido la patronal la que ha logrado aflojar las imposiciones de la reforma, que de facto acababa con un poderoso mecanismo de flexibilidad laboral, la jubilación anticipada, que además es crucial para permitir a España salir del liderazgo europeo en las tasas de paro juvenil.
El programa de reformas que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez está cortado por el mismo patrón en lo tocante a los plazos de aplicación. Al igual que se ha barruntado hacer con, por ejemplo, el pago por usar las autovías, el nuevo contexto normativo de las pensiones o las cuotas de los autónomos se irían aplicando paulatinamente, en modo aguja hipodérmica. Es un recurso muy manido de los gobiernos, que pretenden encubrir así decisiones ciertamente impopulares y que acaban impactando de frente contra las clases medias, que no por ser las más vapuleadas dejan de inclinar la mayoría electoral. La penúltima boutade de Escrivá no es la enfermedad, es el síntoma de una forma de legislar que no va a encubrir la evidencia: si España quiere jugar en Europa, tendrá que hacerlo con las normas de Europa. Y asumir el coste que eso tenga para el Gobierno de turno.