"No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura", afirmaba Luis Planas después de que el Consejo de Ministros aprobara este lunes el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Y no le falta razón. Producir lo que comemos tiene un gran coste en muchos aspectos y despilfarrarlo no es ni más ni menos que una falta de respeto hacia el planeta, hacia el trabajo de agricultores y ganaderos y hacia nosotros mismos.

Según datos de la FAO se estima que alrededor de un tercio de la producción mundial de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. Esto supone el empleo del 30% de la superficie agrícola del planeta (unos 1.400 millones de hectáreas) y de 250 millones de metros cúbicos de agua (casi 75 veces el consumo anual de España) para producir alimentos que acaban en la basura. Económicamente también supone un elevado coste, pues equivale a perder 2,5 billones de dólares por año, equivalente al PIB de Francia.

Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos (o litros) de alimentos, una media de 31 por persona en 2020. Los perjuicios que provoca esta práctica son variados, pero sin duda el más próximo es la pérdida económica que implica desperdiciar comida que ya hemos pagado. Asimismo, está la cuestión medioambiental: para producir alimentos hay que gastar recursos (agua, suelo), energía y emitir gases contaminantes; gastos y emisiones que pierden su sentido si el producto que se obtiene de ello no se aprovecha. Pero también plantea una evidente cuestión ética: según datos de la FAO, actualmente hay más 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y otros 1.600 millones que tienen problemas de nutrición.

Alimentos sin desperdicio - Foto: Arturo PérezEs por estas razones que se ha aprobado el proyecto de ley, que ya tiene antecedentes en países como Francia o Italia. El Gobierno ratifica de esta manera su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por persona en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

La ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración. Normalmente, las causas del despilfarro de comida están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios y comportamiento inapropiado de los consumidores.

Para evitar esto la norma establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento. La primera de ellas es que los alimentos que corran riesgo de desperdiciarse deben intentar usarse para alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Con este fin, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se habrá de recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos a tener en cuenta.

Si no fuera posible destinarlos a consumo humano directamente, habrá que tratar de transformarlos en otros productos (zumos, mermeladas, etc.). Cuando no sean aptos para las personas, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso en explotaciones agrarias o para la producción de biogás u otro tipo de combustible.

La norma pretende potenciar y fomentar, además, que los agentes que operan en la cadena alimentaria dispongan de instalaciones adecuadas y personal formado convenientemente para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en las condiciones oportunas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío. Asimismo, los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Aunque algunas comunidades ya tienen normas en este sentido, esta ley obligará por primera vez a nivel nacional a los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios a que ofrezcan a sus clientes la posibilidad de que llevarse, sin coste adicional, lo que no han consumido. Tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú, y disponer de envases reutilizables aptos para contener alimentos. Esta es una práctica común en otros países de nuestro entorno.

Las apariencias engañan.

Nuestra sociedad compra alimentos con los ojos más que con el paladar y es por ello que muchas variedades de frutas y verduras, aunque organolépticamente sean peores, se vende más que otras simplemente porque su aspecto es mejor. Quizá no sepan a nada, pero tienen buena pinta. La ley pretende evitar que se tiren esos productos con peor aspecto pero perfectamente aptos para el consumo. Para ello los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

Además la norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos incentiven, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Respecto a esta fecha, se adecuará su establecimiento a cada alimento para tratar de alargar su vida útil e incluso se plantea la posibilidad de poner a la venta algunos que ya la hayan sobrepasado si eso no supone un riesgo para la salud. También se potenciará la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y se mejorará la información al consumidor sobre su aprovechamiento.

Para lograr los objetivos de esta nueva ley, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico a propuesta de los ministerios de Agricultura; de Derechos Sociales y Agenda 2030; de Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, Comercio y Turismo; de Inclusión Social y Migraciones; y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Este plan definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. La ley impone además a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y favorecer la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

Nueva norma, objetivo antiguo.

Aunque esta ley contra el derroche de alimentos es pionera en España, los intentos de reducir el desperdicio alimentario en nuestro país vienen de atrás. El Ministerio de Agricultura tiene en marcha una estrategia llamada 'Más alimento, menos desperdicio' que ya ha completado dos etapas, una entre 2013 y 2016 y otra entre 2017 y 2020. Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la transparencia, el diálogo y la coordinación entre los agentes de la cadena alimentaria y la Administración, y a desarrollar de forma coordinada actuaciones que contribuyan a impulsar un cambio de actitudes, sistemas de trabajo y de gestión que permitan limitar el desperdicio y reducir las presiones ambientales. Para lograr estos ambiciosos objetivos se trabaja en cinco líneas de acción: conocer el cuánto, cómo, dónde y el porqué de las pérdidas y desperdicio de alimentos; divulgar y promover buenas prácticas y acciones de sensibilización; analizar y revisar aspectos normativos (de ahí esta nueva ley); colaborar con otros agentes; y fomentar el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías.

Todos derrochamos, pero cada uno a su manera.

Pese a lo que pudiera pensarse en un primer momento, el desperdicio alimentario no es cosa de países occidentales. Según reza el refrán, en todas partes cuecen habas, y los datos dicen que también en todas partes se tiran a la basura. Sin embargo el patrón de desperdicio cambia de las naciones con un nivel de desarrollo más alto respecto de las que van por detrás.

A grandes rasgos, la gran diferencia está en el punto de la cadena alimentaria en el que los alimentos van a la basura. En los países con menor grado de desarrollo los alimentos se malogran en el momento de la cosecha o el almacenamiento. Esto es principalmente por el escaso acceso que tienen a las mejoras técnicas y de gestión de las tareas de recolección o a infraestructuras modernas de transporte. Pero en los países con más renta los alimentos van a la basura sobre todo en los hogares de los ciudadanos. Un 40% de la pérdida de alimentos ocurre al nivel de comercios y consumidores, según la FAO, y cada año, los compradores de los países ricos desperdician tanta comida -222 millones de toneladas- como la red entera de producción de alimentos del África subsahariana.