El exalcalde de Chiloeches entre 2011 y 2015, César Urrea (PP)  ha asegurado en su declaración como acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental vinculado con el incendio en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches que el "jamás" tuvo trato de favor alguno en la tramitación de los expedientes a las empresas gestoras ni tampoco ha obtenido ningún beneficio por parte de ninguna de ellas por el hecho de que colaboraran económicamente con los festejos del pueblo.

Así lo ha puesto de manifiesto el que fuera alcalde de Chiloeches antes de que un 26 de agosto de 2016 tuviera lugar el incendio en la planta de residuos tóxicos, en la vista oral que se sigue en la Audiencia de Guadalajara, donde declara como investigado y para quien se piden cinco años de prisión y catorce de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como una multa de 32 meses de multa a razón de 20 euros diarios con responsablidad personal subsidiaria de 16 meses de prisión.

Una declaración que se ha prolongado cerca de dos horas y en la que, al igual que algunos de los acusados que han declarado anteriormente, Urrea ha asegurado en todo momento que él actuó en su cometido tanto cuando fue concejal de Urbanismo como posteriormente cuando fue alcalde, de acuerdo a los informes de los técnicos y el funcionario municipal de forma que si son favorables se autoriza y si son desfavorables, no se autorizan, ha precisado, negando toda responsabilidad en ello.

Urrea dice que "jamás" favoreció a la planta de Chiloeches

Urrea ha negado también en su declaración que él hiciera la vista gorda con las inspecciones a esta planta, al igual que cualquier influencia en la Junta Local del Ayuntamiento para que votaran por unanimidad a favor de la licencia de actividad de obras, y ha manifestado que se quedó "asustado y perplejo" cuando se enteró de la gran actividad que había realmente en esta planta de residuos ya que él tenía conocimiento de que era por una cantidad más limitada.

Preguntado por el Ministerio Fiscal sobre su etapa como concejal de Urbanismo a partir de 2001, antes de ser alcalde, y sobre los permisos que se dieron desde el Ayuntamiento a Kuk Medioambiente, el entonces regidor ha coincidido con otros exaltos cargos que ya han declarado en esta vista en que él actuaba en base a los informes favorables de los técnicos municipales y que, en todo caso, no tuvo conocimiento en ningún momento de que en la planta de Chiloeches se estuviese cometiendo ninguna ilegalidad. "Nadie me comunicó nada de este expediente y no sé nada hasta junio de 2011 y el competente era el alcalde", ha afirmado.

Pero en 2012 pasaría a ser el alcalde y en este sentido ha apuntado no tener "ninguna sospecha" de que ni en KuK ni tampoco después Layna -empresa esta última a la que Kuk había arrendado gran parte de las instalaciones para gestionar residuos- hubiera nada ilegal, insistiendo sobre la situación irregular de varias naves que había que legalizar en que las decisiones se tomaron en base a "informes favorables" de los técnicos porque se fiaba de ellos.

"Los técnicos me presentan los informes favorables y con ellos se vota a favor. No sé si algún funcionario se ha dejado algún expediente en el tintero o han cometido algún error", ha apostillado. 

También ha negado tener informe alguno que dijera que allí se estaba haciendo otra actividad para la que no tuvieran permiso, y ha asegurado no tener constancia de que en la planta se manejaba la cantidad de residuos que ha comprobado que ha llegado a tener, hablándose de unas 50.000 toneladas frente a las 1500 aproximadamente que supuestamente se contemplaban. "Me quedé asustado y perplejo lo que había allí cuando realmente la actividad era casi muy poquita o nada. No daba crédito. Me sorprendió esa bestialidad ardiendo", ha añadido.

A preguntas concretas de su letrado ha asegurado que el nunca ejerció como alcalde con bastón de orden y mando ni tampoco influyó en las decisiones de la Junta de Gobierno para que votaran por unanimidad la licencia de actividad.

SOSPECHAS EN KUK ENTRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE RESIDUOS DE LAYNA 

Tras el alcalde prestó declaración Francisco Fernández G., representante de la empresa Kuk Medio Ambiente y titular de las instalaciones. Acusado del delito de participación en grupo criminal, por el que se le piden dos años de prisión, y otros siete por otro delito agravado de gestión peligrosa de residuos o contra el medio ambiente, a lo que se suman siete más por explotación de instalaciones peligrosas, Fernández ha mostrado en algunos momentos bastantes lagunas sobre la operatividad de la compañía, entendiendo que. pese a su responsabilidad en la misma, dejaba muchas cosas en manos de su equipo jurídico y de sus técnicos, algo que al propio Ministerio Fiscal le ha resultado "increíble" dada su condición en la compañía.

Tras firmar en marzo de 2015 un contrato de alquiler con el Grupo Layna para que gestionara también residuos en su planta , a raiz de que el trabajo de Kuk se hubiera reducido bastante, ha reconocido que llegó un momento que empezó a ver un desfase entre el volumen de entrada y de salida de residuos y que fue en ese momento cuando empezó a preocuparse y a querer finalizar el contrato que habían suscrito.

"Me preocupaba es que no encontraba una equiparación entre el volumen de entrada de residuos y de salida de residuos y, como no cuadraba, les presione para que sacasen los residuos porque no entendíamos donde estaban", ha dicho. De tal forma que como no le daban solución, meses antes del incendio de agosto de 2016 llegaría finalmente a un acuerdo para que Layna se marchara.

Y fue cuando -según Fernández- puso en ese brete a los de Layna cuando ha admitido haber recibido ciertas presiones por parte de esta gestora aludiendo a su vinculación con algún alto cargo.

Finalmente suscribieron el acuerdo por el que Kuk se comprometía a sacar unas 15.000 toneladas residuos de Layna y a cambio recibía 300.000 euros de indemnización por parte de Layna, sin embargo, antes de esto la planta fue clausurada en su actividad, decisión que adoptaría el nuevo alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García.

Fernández ha negado también en su declaración cualquier trato de favor a Urrea y a preguntas de su letrado ha dejado entrever que el incendio pudiera haber sido provocado, desvinculando el mismo del hecho de que hubiese una gran cantidad de residuos en la planta ese 26 de agosto de 2016.

Una vista compleja y larga que continuará mañana martes con la declaración de otros tres acusados.