En esta semana que está a punto de cerrarse se cumplen 39 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Efeméride que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo una reforma integral de este texto, que en su esencia se mantiene tal y como salió del Congreso de los Diputados en aquel ya lejano 1982. La media docena de  ajustes realizados hasta el momento han sido básicamente para asumir nuevas competencias y para aumentar (o disminuir) el número de escaños en las Cortes regionales.   

No es la primera vez que se llega a esta fecha con el encargo de reformar el Estatuto de Autonomía. Es más, este es un tema recurrente desde 2015, año en el que el PSOE recuperó la Junta de Comunidades y se marcó el objetivo de cambiar la ‘carta magna’ autonómica, tras la etapa Cospedal y el intento fallido de reforma de Barreda de 2010. En la pasada legislatura, el frágil pacto de gobierno con Podemos impidió cualquier cambio. Y en la actual, la pandemia ha frenado las primeras tomas de contacto entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, celebradas semanas antes de declararse el Estado de Alarma.

La diferencia ahora es que el partido está a punto de entrar en tiempo de descuento. A poco más de 20 meses de la celebración de las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2022, el acuerdo parlamentario no puede irse más allá de este invierno. Punto este en el que coinciden todos los grupos.

Con todo, el tema está en la agenda del Gobierno. Así lo confirmaba el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en una entrevista con La Tribuna el pasado junio. «Queremos, más que la reforma del texto actual, la redacción de un nuevo Estatuto», «que incorpore la garantía de los servicios públicos. Es la máxima garantía legal que podemos dar desde la comunidad autónoma», afirmaba.

«No renunciamos a que en los años de legislatura que aún quedan se puede modificar o redactar un nuevo Estatuto. Así se lo vamos a plantear a los grupos parlamentarios. Es una cuestión de voluntad», «yo espero que el clima político se tranquilice a la vuelta del verano y que la pandemia esté entonces en un proceso de recuperación mayor que en estos momentos», concluía.

Incluir la figura del Decreto Ley.  Uno de los temas que ha subido escalafones en las prioridades regionales a la hora de afrontar esta reforma tiene que ver precisamente con la gestión de la pandemia. El Estatuto de Castilla-La Mancha no contempla la figura del Decreto Ley (frente a lo que sí ocurre en buena parte de las autonomías), lo que ha impedido en muchos casos a la Junta legislar de urgencia en esta crisis sanitaria,  o a tener que ‘colar’ en la tramitación de algunas leyes determinadas medidas anticovid que poco tenían que ver con el tema en cuestión. El ejemplo más claro de esto fue la introducción de medidas como el registro de clientes en la hostelería dentro de la ley de reserva de material sanitario, lo que fue muy criticado por la oposición.

En este punto concreto parece que, a priori, no habrá problema entre los grupos. Desde el PP, su portavoz, Francisco Cañizares, insiste en que «están dispuestos a hablar y a buscar en los modelos de otras comunidades, manteniendo siempre el debido control de las Cortes».

El problema estará, como apunta Cañizares, a la hora de hablar de modificar al alza el número de diputados autonómicos. Aquí el PP es tajante y advierte ya de que  este tema «de entrada está fuera del debate». 

Para entender la postura del PP hay que retrotraerse a 2014, cuando Cospedal redujo la horquilla parlamentaria -sin el consenso del Partido Socialista- dejando las Cortes con tan solo 33 diputados. «Nos huele que interés real del PSOE es modificar la ley electoral, y no es el momento», señala Cañizares, y «menos aún a falta de año y medio para las elecciones».

No obstante, el PSOE no renuncia a aumentar la representatividad parlamentaria en la comunidad. Y es que, como defiende el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, no es de recibo que una comunidad como Castilla-La Mancha, con cinco provincias, sea la que menos diputados tenga de España, «incluso la Rioja tiene más parlamentarios que nosotros». Una baja representación, que, como advierte, está dejando fuera de las Cortes «opciones ideológicas».

En este sentido, reprocha al PP que se cierre en banda a hablar del tema antes incluso de empezar una posible negociación. «Los ciudadanos no acaban de comprender» lo que pasa en Castilla-La Mancha, asegura.

No obstante, lo más importante en esta posible reforma «no sería nunca el número de diputados. Lo más importante es dar un nuevo impulso a la región con nuevas competencias y el blindaje de los servicios básicos esenciales, para que no se vuelvan a producir desgarros» como los ocurridos durante la etapa de Gobierno del PP, añade Mora.

En una línea similar se posiciona Ciudadanos, quizá uno de los partidos más afectados por la reforma de Cospedal de 2014 (en las autonómicas de 2015 se quedaron fuera de las Cortes con un 8% de los votos). Su coordinadora regional, Carmen Picazo, reconoce que sería interesante avanzar hacía «un mayor pluralismo político», pero «no es el tema más importante», matiza.

¿Cuáles serían estos temas importantes? Desde la Junta se destaca que lo fundamental del nuevo Estatuto sería blindar los servicios públicos. «Es importante que, sea cual sea el signo político del Gobierno, haya cuestiones que estén garantizadas», se señala.

Mora vuelve a insistir en este punto. Como explica, si se hubiera aprobado el proyecto de Estatuto que salió de las Cortes en 2007 (y que fue retirado del Congreso en 2010) «los recortes de Cospedal entre 2011 y 2015 no hubieran sido posibles». Sin olvidar, claro está, que el nuevo texto tiene que «adecuarse a las nuevas circunstancias, tanto de España como de Castilla-La Mancha». «La concepción del mundo de 2021 está cada vez más alejada de la que era en 1982», y aunque las reformas de los 90 sirvieron para ampliar las competencias autonómicas, a partir de los 2000 el Estatuto no se ha actualizado en cuestiones como las nuevas tecnologías o la I+D, incide. «Hay que ponerlo al día». 

Desde la formación naranja también avanzan ya una lista de prioridades, que pasan por reforzar las competencias de la Administración Local, eliminar los aforamientos, proteger desde el Estatuto a los denunciantes de casos de corrupción, fomentar la iniciativa privada, «blindar» derechos como los del colectivo LGTBi y la atención a las personas dependientes, o en incluir el concepto de ‘despoblación’, uno de lo principales retos de la región hoy, dentro de la agenda de temas a tratar. «En resumen, más derechos y más progreso económico», apunta Picazo. 

El PP por su parte entiende que la negociación del nuevo estatuto debe girar en «adaptar la legislación autonómica»  y «garantizar y adaptar servicios». No obstante, para los ‘populares’ la reforma del Estatuto no es ni mucho menos una prioridad. A su juicio, hay cosas más importantes y urgentes, como la «recuperación económica y del sistema sanitario», recalca Cañizares. No obstante, «estudiaremos todas las propuestas» y «buscaremos la mejor reforma».

El problema del agua. El problema del agua también es otro de los temas constantes en cualquier debate sobre la reforma estatuaria, aunque los grupos de la oposición no son muy partidarios de hacer grandes alardes, como el fin del trasvase en 2015 que le costó el Estatuto a Barreda en 2010. Aquí, el PP se limita a señala que ya existe un Pacto Regional sobre el Agua, firmado esta legislatura entre los principales partidos y organizaciones sociales, mientras que Ciudadanos está más preocupado en qué va a ocurrir con la ‘tasa verde’ sobre el consumo de agua que introduce el proyecto de ley de aguas que prepara la Junta y que previsiblemente entrará este año en las Cortes.

No obstante, el agua estará de alguna manera en el texto. «Los ríos de Castilla-La Mancha, y muy particularmente el Tajo y su trasvase, no pueden quedarse fuera del debate», avisa Mora. 

El último escollo de este Estatuto, sin embargo, no estará en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino en el Congreso de los Diputados, que es el que tiene que dar el visto bueno definitivo al texto, como Ley Orgánica del Estado que es. Aquí Cañizares lanza un claro mensaje a navegantes: «no sabemos como van a encarar en el Congreso  los separatistas e independentistas la reforma del Estatuto de una comunidad como la nuestra,  ya que son ellos los que al final llevan las riendas del Gobierno». 

Desde el PSOE, en cambio, se ve el vaso medio lleno. «Si en el ámbito autonómico hay consenso, no tendría porque haber problemas en el Congreso y en el Senado», asegura Mora. Se verá.