El Gobierno ha salvado en el Congreso la convalidación del decreto ley para estabilizar el empleo en la Administración Pública gracias al apoyo acordado con Esquerra Republicana, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE, ha permitido también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta este miércoles no había decantado su voto a favor por sus reticencias al decreto.

Concretamente, según ha informado al Pleno del Congreso la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el acuerdo posibilitará oposiciones no eliminatorias en estos procesos de estabilización y eximir de estas oposiciones a personal que lleve más de 10 años y para cuyo puesto no se haya convocado plaza en ese período.

Estos votos han resultado decisivos -ERC, Más País y Compromís se posicionaban en el 'no' horas antes de la votación- frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG, y Foro Asturias. Teruel Existe se ha abstenido, y el Partido Regionalista de Cantabria y Nueva Canarias ya habían comprometido su apoyo al PSOE. En total, el decreto ley ha salido adelante en la segunda votación con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones, después de una primera votación en la que ha habido empate.

Además, se ha aprobado mayoritariamente su tramitación como proyecto de ley, un proceso legislativo que la ministra María Jesús Montero considera que debe estar concluido a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados.

"Un borrón y cuenta nueva", defiende Montero

Durante la defensa del decreto, María Jesús Montero, nueva titular de Función Pública -el decreto es consecuencia de un pacto de los sindicatos de la Administración con su predecesor, Miquel Iceta- ha defendido los procesos de estabilización para dar salida a "un problema enquistado e intentar impedir que se pueda producir en el futuro, al menos en el próximo".

Un "borrón y cuenta nueva", ha dicho, para atajar una situación agravada, ha dicho, por la existencia de tasas de reposición que impedía convocar plazas fijas con las que consolidar puestos que se han ocupado de forma interina, pero también por el proceso "farragoso" de las ofertas públicas de empleo.

"Tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias", ha incidido la ministra, anticipando "un largo camino por recorrer en los próximos años" hacia el objetivo de alcanzar un 92% de empleo público consolidado y limitar al 8% la temporalidad.

Oposición no eliminatoria, con mayor peso de la experiencia

El acuerdo alcanzado con ERC que ha posibilitado la convalidación contempla la posibilidad de que las comunidades puedan establecer que sus oposiciones no sean eliminatorias.

Asimismo, se eximirá de estas oposiciones, limitándose a una valoración de méritos, para el acceso de empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y para los cuales no se haya publicado la correspondiente plaza, que podrán obtener así su plaza de forma definitiva sin opositar.

También se elimina el plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley que tramitará el Congreso. La aprobación de la ley, según el acuerdo, se contempla a mediados de octubre.