La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) está a punto de cumplir 15 años. Su filial Geslive (Organización para la Gestión de Licencias Vegetales), encargada de gestionar las licencias vegetales, 25. Ambas desarrollan en nuestro país una actividad fundamental para la agricultura y la investigación con la mejora y selección de las variedades vegetales que luego llegan al mercado, y con las que nos alimentamos. Una actividad no siempre conocida, que poco a poco va ganando adeptos. Sus responsables reclaman más agilidad en la normativa para afrontar los desafíos presentes y futuros.
Son 15 años de la organización de productores ANOVE. ¿Cuál es el balance?
Elena Sáenz: Muy positivo. Somos una organización joven pero hemos tenido una tasa de crecimiento muy importante. Cuando yo me incorporé éramos una veintena de empresas y ahora somos 59 en un sector reducido. Seguimos avanzando, incorporando nuevas áreas de cultivo más allá del cereal, el maíz o las hortalizas. Estamos sumando áreas de frutos rojos, cítricos o, últimamente, empresas interesadas en el cultivo del cannabis, un sector que está experimentando un gran crecimiento.
También hemos avanzado en la proyección dentro de las administraciones públicas, ya que antes no se conocía la actividad de este sector y ahora tenemos un buen nivel de interlocución.
Para Geslive ya es un cuarto de siglo funcionando...
Antonio Villarroel: Se quiso replicar un modelo que había funcionado bien en otros países europeos como una entidad de gestión conjunta para facilitar la transferencia de tecnología del sector obtentor al sector productor español. Para que todo el esfuerzo en innovación quedara protegido en un sector que se conocía poco y que contaba con poco aprecio, y eso que es la base de la agricultura moderna.
En este tiempo sí hemos conseguido poner en valor el sector obtentor ante la sociedad, ante las administraciones públicas y ante nuestros clientes. Hoy tenemos una representación de prácticamente el 90 por ciento de los cultivos. Faltan la vid y el olivo que, curiosamente, presentan muy poca mejora genética.
Gran parte de su esfuerzo como asociaciones se ha dedicado a la concienciación del uso de semillas certificadas por parte de los agricultores.
A.V.: La tasa de uso de semillas no certificadas era altísima cuando llegamos. En cereal el uso de semilla certificada estaba por debajo del 20%. En frutales en torno al 70 por ciento se estaba haciendo sin control de variedades protegidas. El sector estaba bastante degradado y ahí teníamos que hacer un gran esfuerzo. Nosotros le damos la mejora vegetal de una semilla a la cooperativa para que multiplique esa semilla y la venda al agricultor. Si nosotros no tenemos el retorno de esa investigación e innovación por medio del royalty, no podemos seguir trabajando. El esfuerzo ha sido para contribuir a regularizar el sector de semillas que estaba en pañales en España. Hoy rondamos ya el 40% de uso de semilla legal en cereal. Pero ha costado mucho y queda mucho por hacer, había un problema cultural y de percepción de la actividad sobre la propiedad intelectual.
¿Cómo se traduce en cifras este sector?
E.S.: Solo en España se registran unas 350 variedades al año. A nivel comunitario son unas 3.000. Entre las 59 entidades que componen ANOVE hay tres centros públicos de investigación. Son cerca de 2.500 personas las empleadas en estas empresas y el 38% de ellas directamente involucradas en I+D. Se estima que la productividad por trabajador ronda los 230.000 euros al año. Las empresas reinvierten en innovación entre un 20 y un 30% de la facturación, por encima de industrias tecnológicas como la aeroespacial o la informática.
Somos una actividad con una intensidad inversora muy importante, que requiere de esa protección de la propiedad intelectual de la que hablábamos. Basta recordar que, dependiendo de los cultivos, para que una nueva variedad vea la luz se requieren entre 10 y 12 años de investigación, y entre un millón y millón y medio de euros de inversión, aunque yo creo que se queda corto.
A.V.: Geslive gestiona unos 3.500 contratos de licencia al año, sobre unas 1.500 variedades.
Hoy los retos están en alimentar a una población creciente y cultivar en terrenos afectados por el cambio climático. ¿Cómo se afrontan desde la mejora vegetal?
E.S.: Con mucha responsabilidad. Somos conscientes del papel que tenemos. Según distintos estudios de la FAO y otros organismos, la mejora vegetal conlleva un incremento del rendimiento de los cultivos entre un 40 y un 60%, por lo que somos una herramienta importante para ese progreso.
La Unión Europea, a través del Pacto Verde, ha puesto sobre la mesa unos compromisos sobre la agricultura ecológica o la reducción de fitosanitarios y se hace un guiño a la obtención vegetal porque reconocen que esos retos se pueden afrontar a través del uso de variedades mejoradas. También apuntan como expectativa a la edición genética, sobre la que la Comisión se tendrá que pronunciar en próximos meses.
Pero la edición genética ya se usa en algunos países…
A.V.: En muchos. Pero aquí se interpretó como organismos modificados genéticamente y quedaron bajo la legislación de transgénicos, y es un error. La edición genética no introduce genes externos, mejora los existentes para evitar enfermedades o incrementar la resistencia y el rendimiento. Y ahora se está revisando porque nos condena a no poder utilizar una tecnología que nuestros competidores sí van a usar. Por eso ahora la prioridad es conseguir que las tecnologías más modernas que hay en la mejora de plantas estén reguladas como en otros países de nuestro entorno. Si no, no seremos capaces de atender a ese objetivo de sostenibilidad del Pacto Verde.
¿Ayudan las administraciones?
E.S.: La particularidad que tiene lo que hacemos, y por eso me fascina, es que estás en el inicio de la cadena. Y tenemos que cubrir las expectativas de todos los eslabones de esa cadena. Que la mejora vegetal sea más productiva, adaptadas al cambio climático, a las sequías, y los problemas de sanidad vegetal, que se ha convertido en la política arancelaria actual.
Tenemos que hacer todo eso disponiendo de un marco regulatorio y de unas administraciones que nos permitan actuar de la forma más ágil posible. Hay restricciones muy complejas de asumir para el sector. Necesitamos muchos recursos de la administración para ser ágiles y en la administración cada vez son menores. Necesitamos que todo el mecanismo funcione bien. Queremos funcionar con toda la garantía y seguridad, pero con procesos que puedan ser ágiles y flexibles.