La Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes ha rechazado hoy las cinco enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición –cuatro del PP y una de Ciudadanos (Cs)– al proyecto de Ley de extinción de cámaras agrarias provinciales, con los votos en contra del PSOE y la abstención de los otros dos partidos.

El dictamen del proyecto de Ley que establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario fue aprobado por la comisión con el respaldo del PSOE y la abstención de PP y Cs que mantienen sus enmiendas vivas para el pleno.

Durante el debate de las enmiendas, la parlamentaria de Ciudadanos Elena Jaime explicó que la única presentada por la formación ‘naranja’ pretende que en las comisiones liquidadoras de las cámaras agrarias exista una Vocalía por cada organización profesional agraria que esté registrada en Castilla-La Mancha, pertenezca o no al Consejo Agrario, porque todas representan a los agricultores de la región.

Por su parte, el diputado regional del PP Emilio Bravo señaló que el proyecto de Ley «no es adecuado» en los términos en los que se ha planteado y, por tanto, considera que si no se mejora, debe ser rechazado.

En este sentido, justifica la posición de su grupo en que, a su juicio, se trata de una ley «puramente expropietaria» de un patrimonio que no pertenece al Gobierno regional y en que la norma descentraliza la gestión del patrimonio de las cámaras agrarias y de los agricultores de modo que cualquier iniciativa no podrá resolverse desde los propios municipios sino que será desde la Consejería de Agricultura, lo cual supone una «clara limitación de la autonomía» de las cámaras, ayuntamientos y agricultores, remarcó.

Sostuvo que la ley trata a los ayuntamientos como administraciones «menores» sin capacidad de autonomía de gestión, e «ignora el legítimo sentimiento de pertenencia» de los agricultores que integraron las cámaras agrarias sobre un patrimonio conseguido «a base de esfuerzo a lo largo de generaciones».

Bravo también criticó que la nueva normativa es «completamente opaca en cuanto al destino de los bienes que la Junta se quiere atribuir» con la creación de un banco público de tierras «sin saber con qué criterios se podrán cotizar», así como que «despoja» a los ayuntamientos de un patrimonio que ha sido mantenido por ellos y que «ignora a los agricultores» que se han posicionado en contra de esta ley.

De su lado, la diputada regional del PSOE Joaquina Saez lamentó que los ‘populares’ no diferencien entre «expropiación y liquidación», asegura que todo el patrimonio liquidado se destinará a fines y servicios de interés general agrario.