Apenas cuatro meses despúes de la apertura del nuevo Palacio de Justicia de Guadalajara, los antiguos juzgaAdos de Guadalajara reabrirán sus puertas el próximo 20 de septiembre para acoger el macrojuicio por el incendio de la planta de reciclaje de residuos de la localidad de Chiloeches. El elevado número de acusados -18 personas físicas y tres jurídicas- y el gran volumen de personas que participarán en el mismo ha obligado a adoptar esta sesión. Será un juicio que, tal y como estaba previsto, se prolongará hasta el próximo 17 de diciembre,  en sesiones de mañana, de lunes a viernes, tal y como ha podído conocer este medio de comunicación.

Fue en junio de 2020 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados --18 personas físicas y tres jurídicas--, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hace responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.

En este juicio se juzgará a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio --probablemente intencionado según la Guardia Civil-- de la nave almacenadora en agosto de 2016.

Los antiguos juzgados acogerán el macrojuicio de Chiloeches - Foto: Raquel Triguero

A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

La Fiscalía considera probado que se han cometido delitos de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.

Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagaderos por Grupo Layna.

El auto de apertura de juicio señalaba ya provisionalmente como responsabilidad civil la cantidad de 14.920.912,82 euros, los cuales desgrana por conceptos como la intervención de UME y bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza.

El Ministerio Público también pide enjuiciar a varios altos cargos, considerados autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Piden penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación para el director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; Carlos José Blázquez Orodea, director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011; y Matilde Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto ambiental entre 2011 y 2015.

También para Olga Villegas Sánchez, jefa de Servicio de Control de Calidad entre 2013 y 2018; y José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental; además de para Sergio David González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente posteriormente.

También se va a enjuiciar al exalcalde de la localidad de Chiloeches, César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

El juicio debería celebrarse en la Audiencia Provincial de Guadalajara pero la escasa capacidad ha obligado a habilitar otras dependencias.

Los medios de comunicación podrán hacer seguimiento del mismo por streaming.