«Lo mejor del día de hoy es que voy a poder pasarme la tarde llamando a esas empresas que me dijeron: en cuanto aprobés la ley, me llamas». Esto lo dijo el consejero de Fomento, Nacho Hernando, antes del mediodía, pero no pudo llamar a esas empresas (y dice que son muchas) hasta que se hizo de noche. Y es que fue a última hora de la tarde de hoy cuando las Cortes aprobaron la primera ley de 2021, la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, conocida como Ley SUMA.
El consejero explicó que era el momento de hacer estas modificiones en la legislación urbanística para simplificarla y agilizarla. Lo explicó con dos metáforas. Por un lado, ve que «esta ley es la tela para las aspas de los molinos, para que aprovechemos el poco viento para la recuperación». Por otro, cree que tocaba «zarandear las ramas de un árbol que hace mucho tiempo que necesitaban que fueran podadas». Dice que eso hará que «crezcan con más fuerza».
La normativa salió aprobada casi por unanimidad. Desde Ciudadanos dieron su apoyo. Desde el PPse mostraron a favor de casi todo el texto, pero llegaron al debate con cuatro enmiendas. Querían por un lado rebajar la subida del canon por obra para actividades industriales, terciarias, equipamientos colectivos, turismo rural o de servicios que necesiten emplazarse en suelo rústico. Hasta la fecha, la cuantía del canon es del 2% del importe total, pero la reforma lo eleva al 3% si la obra pasa de 500.000 euros (un 1% iría a la Junta) y un 4% si afecta a varios municipios (ese 2% más iría también al Gobierno regional).
Las Cortes confían en una ley de agilización urbanística - Foto: CARMEN TOLDOSEl diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez dice que «no se debe gravar más a una empresa que quiere invertir». Cree que bastante tienen para que «la Junta quiera sacar tajada». Hernando contó que a la Junta le llegan proyectos millonarios «que se pueden permitir ese canon» y que requieren mucho tiempo y esfuerzo al Gobierno. Cree que es una buena fórmula para «redistribución de la riqueza» para que ese dinero sirva para invertir en zonas en riesgo de despoblación.
También desde el PP querían poner un límite del 20% de las obligaciones al urbanizador cuando se modifique el planteamiento. El consejero contó que el 99% de las veces el que solicita modificar un planteamiento urbanístico es el propio promotor. «Nos han pedido que no los limitemos solamente al 20% de la modificación», expuso. Hernando dijo que se han encontrado PAUs «imposibles de hacer por situaciones sobrevenidas» y que están «cansados de ver monumentos a la crisis económica en forma de solares vacíos, de carteles que se están pudriendo». Dijo que «donde había sueños, hay hierbajos».