La última propuesta del Ministerio de Trabajo pretende sustituir los actuales ERTE por un nuevo sistema denominado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), por el que las empresas podrán solicitar al Gobierno este tipo de prestaciones durante un máximo de un año si se logra acuerdo con la representación de los trabajadores y de seis meses si no se logra este consenso.

El último documento incluye también novedades respecto a los límites contractuales como que las empresas no tengan más de un 15% de empleados temporales, junto a otros temas que Gobierno, patronal y sindicatos volverán a abordar en la reunión de la mesa de reforma laboral de esta misma semana.

Entre los detalles que avanza esta propuesta, está que las compañías podrán solicitar estos nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) postpandemia cuando demuestren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) o por necesidades de recualificación de sus asalariados para garantizar su permanencia en la compañía.

También se podrán solicitar en caso de procesos de transición profesional de trabajadores hacia empleos en otras empresas o sectores.

El texto recoge, además, que las empresas y trabajadores afectados por uno de estos nuevos esquemas tendrán acceso a «beneficios en materia de cotizaciones y de protección por desempleo», que deberán ser determinados en un desarrollo reglamentario posterior.

No obstante, los beneficios en materia de cotizaciones estarán condicionados al mantenimiento del empleo de los operarios afectados hasta seis meses después de terminar la aplicación del MSE.

Las exenciones en las cotizaciones también estarán condicionadas al desarrollo de acciones formativas y, en el caso de que el mecanismo se aplique en procesos de transición profesional hacia otras empresas o sectores, se deberá garantizar la recolocación de, al menos, el 20%.

Durante la aplicación del MSE estará prohibidas las horas extra, las externalizaciones de la actividad y las nuevas contrataciones.

En la última prórroga de los ERTE que se pondrá en marcha en noviembre, la formación ya influye en las ayudas que reciben las empresas, en forma de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social.

En este esquema, las bonificaciones a la Seguridad Social ascienden al 80% si dan esa formación y se rebaja ese apoyo al 40% o 50%, en función del tamaño de la empresa, si no lo hacen.

La reforma propone limitar el peso de los contratos temporales en puestos estructurales al 15%, como medida para acotar una temporalidad que en España actualmente es del 25%. De esta forma, deja fuera de esa tasa del 15% los contratos laborales en los que concurren razones de carácter productivo u organizativo.