Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) vamos a hacer huelga el miércoles 26 de enero de 2022, hartos de incumplimientos, de asumir más y mayores responsabilidades desde hace doce años, sin la correlativa adecuación salarial. Somos un colectivo que se caracteriza por no alzar la voz, pero el malestar es grande y ante los incumplimientos de Ministerio de Justicia nos vemos abocados a hacer huelga. 

 El motivo de la huelga es doble. Por un lado, el reconocimiento de una negociación colectiva propia, para defender nuestros derechos ante el Ministerio, ya que los sindicatos mayoritarios hasta ahora no lo han hecho y, por otro lado, la adecuación salarial al mayor volumen y responsabilidades asumidas progresivamente en las últimas reformas organizativas y procesales desde 2009. 

Los Letrados de la Administración de Justicia manifestamos que desde la Ley 13/2009 para la implantación de la nueva Oficina Judicial, hemos visto incrementadas nuestras competencias y responsabilidades, asumiendo funciones que hasta entonces venían atribuidas a los Jueces. Por tanto, la adecuación salarial que se reclama no es una subida de sueldo, sino que se reequilibre y se corrija el grave desajuste entre el salario y las mayores funciones y responsabilidades asumidas durante más de una década.  

El Parlamento, conocedor del papel esencial que tenemos en el funcionamiento de la justicia, incorporó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 la disposición adicional 157 en la que se ordena al Gobierno la adecuación salarial del Cuerpo de LAJs, pendiente por el incremento de las nuevas funciones. Sin embargo, esta disposición legal de la adecuación salarial ha sido flagrantemente incumplida. Ha sido cerrada en falso y a nuestras espaldas. 

El Ministerio ha negociado esa adecuación con los sindicatos generalistas, que sólo representan a otros funcionarios, al margen y sin información ni consulta previa de las asociaciones representativas de los LAJ, que no han tenido intervención, vaciando de contenido el espíritu y la finalidad de la norma presupuestaria. 

En cuanto a la representatividad de los LAJ por parte de los sindicatos generalistas, es decir, CCOO, UGT, CSIF, STAF, etc., puede considerarse un fraude de ley, porque es una realidad pública y notoria que la afiliación de los LAJ a esos sindicatos es testimonial, ya que tenemos nuestras propias asociaciones profesionales como UPSJ, COLEGIO, AINLAJ y SiSej, por lo que no reconocemos a los primeros como interlocutores válidos en la defensa de nuestras condiciones laborales. Los sindicatos generalistas han demostrado en múltiples ocasiones, no solo una dejadez, sino una actitud contraria y desleal en la defensa de los intereses de los LAJ en materias propias de nuestro estatuto orgánico y condiciones laborales. 

El Cuerpo Superior Jurídico, grupo A1 de la Administración de Justica, al que pertenecemos reviste cierta peculiaridad, dado que ejercemos nuestras funciones con el carácter de autoridad, junto con los jueces y fiscales, a quienes nuestro estatuto se asimila en múltiples aspectos, salvo el salarial y que también actuamos sometidos a principios de legalidad e imparcialidad, así como de autonomía e independencia en la fe  pública judicial, que ejercemos en exclusividad, en clave de garantías, y que desde hace años estamos viendo pisoteados nuestros derechos y asistiendo a un ninguneo continuado por parte de la Administración, que lejos de reconocer nuestro papel esencial en el funcionamiento de la justicia, ha ido desatendiendo a nuestro Cuerpo  e incumpliendo deberes impuestos en las normas vigentes (Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento Orgánico), como el de audiencia a las asociaciones profesionales de LAJs y el de crear marcos adecuados de dialogo y negociación para que nuestros representantes legítimos puedan participar en la determinación de nuestra condiciones laborales. Sin ejercer la facultad que otorga a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas para ello el Estatuto Básico del 

Empleado Púbico (art. 34 EBEP) de crear ámbitos adecuados de representación propia, en atención a las peculiaridades y numero de nuestro colectivo y la configuración de la organización administrativa, para evitar la indefensión que nos genera dicho vacío negocial. 

Por todo ello y ante la falta de disposición al diálogo y la falta ofertas para el acuerdo por parte del Ministerio de Justicia, ignorando el art 8.2 del RD  Ley 17/1977 de relaciones laborales, que impone la obligación de negociar mientras dure el conflicto con el Comité de Huelga integrado por LAJs, no nos queda otra alternativa que emprender medidas de presión legítimas en defensa de nuestros intereses, acudiendo a la huelga convocada para el 26 de enero, de efectos perjudiciales no deseados por nuestra parte, para los ciudadanos y profesionales usuarios  del servicio público de la Justicia a cuya atención dedicamos nuestra labor y esfuerzos, esperando que el Ministerio de Justicia reconsidere su postura y trabaje sin demora para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin a este conflicto colectivo. 

Procederemos a la lectura de un comunicado en la puerta de los Juzgados de Guadalajara a las 11:00 horas. Dicho día se procederá a la paralización de la actividad del 90% de los Letrados de la Administración de Justicia de Guadalajara, Sigüenza y Molina de Aragón, lo que supondrá suspensión de juicios, admisión de demandas, lanzamientos, resoluciones, comparecencias apud acta, declaraciones, transferencias al tesoro público, entre otras muchas actuaciones que no podrán realizarse.