A pesar de los beneficios evidentes que conlleva la concentración parcelaria tanto para los propietarios de los terrenos como para el desarrollo y eficiencia de la actividad agrícola, todavía existen unos 90 municipios en la provincia de Guadalajara donde no se ha realizado este proceso. Con el objetivo de revertir la situación, el Gobierno regional aprobó en verano un decreto que incorpora novedades interesantes y que agiliza los trámites y los plazos que competen a la administración autonómica. «Con el anterior decreto, aparte de estar ya derogado, el proceso se prolongaba mucho en el tiempo, podían pasar hasta 10 y 15 años en rematarse las concentraciones parcelarias de algunos pueblos, sobre todo, por la demora que suponían las alegaciones y los recursos que se presentaban. Vimos que era necesario hacer cambios», explica el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Santos López.
La concentración parcelaria es la ordenación de fincas rústicas con la finalidad de promover la constitución y el mantenimiento de las explotaciones agrarias y forestales de estructura y dimensiones adecuadas que permitan su mejor aprovechamiento, incrementando la rentabilidad de su actividad y efectuando para ello las deducciones y compensaciones que resulten necesarias. Para poder llevarla a cabo se necesita la implicación de la iniciativa privada a través de la creación de una asociación o agrupación de propietarios de los terrenos afectados (incluidos los ayuntamientos) y la contratación de un gabinete técnico que se encargue de determinar la propiedad de cada finca, su calificación y el diseño y adjudicación de las fincas de reemplazo. «Es un proceso lento y laborioso que supone una inversión previa y que precisa interés y buena voluntad pero, sin duda, es una de las mejores cosas que se ha hecho en el campo porque ayuda tanto al agricultor, al disponer de parcelas más grandes para trabajar, como al propietario porque sabe dónde tiene sus parcelas y mojones, se revalorizan, las tiene todas documentadas en el registro de la propiedad y se acondicionan todos los caminos inherentes a la propiedad», argumenta López.
Entre las novedades que incluye el nuevo decreto figura la posibilidad de proceder a la concentración no sólo en suelo agrícola, sino también en terrenos forestales, dando cabida así a montes de propiedad privada. Asimismo, incluye la posibilidad de realizar reconcentraciones en aquellos casos en los que en su momento se llevó a cabo una concentración que ahora podría revisarse para conseguir una mayor viabilidad de la explotación.
Orografía
Guadalajara, junto con Cuenca, son las dos provincias de Castilla-La Mancha que cuentan con mayor número de localidades sin concentración parcelaria debido al contraste orográfico existente con el resto de la región –de relieve más llano–. En el caso concreto de la provincia guadalajareña, las zonas de mayor tradición olivarera y vitivinícola (Mondéjar, Albares, Sacedón, Pastrana, Escopete, etc.) son las que mayoritariamente adolecen de este tipo de ordenación territorial por ser su ejecución más sencilla en los terrenos cerealistas. En contraste, abunda en la comarca de la Campiña.
Para informar sobre las ventajas que supone la concentración parcelaria y dar a conocer el nuevo decreto, la Delegación de Agricultura puso en marcha una campaña informativa en los municipios interesados. «Se envió una carta a todos los ayuntamientos informándoles sobre los medios y las ayudas que pone a su disposición la Junta y también organizamos reuniones con los afectados para ofrecer asesoramiento y resolver cualquier duda», explica López. De hecho, desde julio, ya se han celebrado encuentros de estas características en varios pueblos (Villel de Mesa, Molina de Aragón, Escopete, Trijueque, Escamilla, Yebra, Sacedón, Pastrana y Somolinos) aparte de las llamadas, consultas y reuniones celebradas en la propia Delegación con otras localidades como Hiendelaencina y Escariche. Además, próximamente se celebrarán en Poveda de la Sierra y Valdearenas, entre otras. «Lo bueno de este decreto es que no fija un plazo, está abierto para que haya tiempo suficiente en cada pueblo para pensarlo, para investigar y para juntarse los propietarios», indica Santos López, quien se muestra optimista respecto al éxito de esta iniciativa. «Es un tema complejo que necesita que haya tres o cuatro personas que tiren del carro, pero creo que habrá pueblos que den el paso».
Precisamente, el propio delegado suele participar en estas charlas junto con un ingeniero especialista de la Junta. «Para animarles, siempre empiezo reproduciendo una frase que dicen los agricultores de la provincia y es que en una concentración parcelaria el que pierde, gana», declara. «Al principio, puede haber personas que se sientan perjudicadas porque no reciben el terreno que hubiesen querido, pero ese sensación se olvida enseguida cuando se dan cuenta de que en vez de tener un montón de microparcelas separadas y distantes pasan a disponer de una mucho más grande y ordenada con su título de propiedad», añade. «Tienen que hacer una pequeña inversión, pero lo que se les va a dar a cambio es mucho más», insiste.
En esta misma línea de opinión se muestra el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Juan José Laso, quien asegura que «las concentraciones parcelarias son siempre beneficiosas, es muy penoso que haya pueblos donde no estén hechas». Al principio, Laso reconoce que puede resultar «un proceso traumático» porque «te cambian las parcelas» y siempre hay propietarios que sienten estima hacia sus tierras por ser la herencia de sus antepasados o por haberlas trabajado durante toda su vida. Sin embargo, el presidente de APAG recuerda que, al margen de sentimentalismos, toda concentración parcelaria se realiza «bajo criterios técnicos» y recalca que es el único camino para optimizar la agricultura y para que esta actividad tan necesaria no acabe desapareciendo en muchos pueblos, entre otros motivos, por su falta de rentabilidad o por la dificultad que supone el acceso de la maquinaria actual a las pequeñas parcelas diseminadas.
Así también lo concibe Rubén Ortega, joven agricultor de Trijueque, uno de los municipios que todavía carece de concentración. «Yo firmaría ahora mismo para que se hiciese. Es algo fundamental para garantizar el futuro de la agricultura. Dentro de diez años si no hay relevo, nadie va a querer sembrar tierras que están tan dispersas». No obstante, Rubén es consciente de los hándicaps de este proceso ya que, en el caso de Trijueque, hay numerosos propietarios y abundantes parcelas y la norma establece que el 95% de la superficie afectada y el 85% de los propietarios deben de estar de acuerdo en su ejecución. «En los pueblos hay mucha desconfianza, la gente cree que tiene las mejores tierras y, encima, no quiere poner ni un duro. Lo veo muy complicado. Debería ser algo que partiera de la administración y de obligado cumplimiento», opina.
Lo cierto es que el interés que representa la concentración parcelaria para el sector agrario es muy elevado tanto a nivel económico como social y medioambiental ya que en los municipios concentrados crece el número de jóvenes que se incorpora a la agricultura, mejora la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones, aumenta la diversificación de la producción y se obtiene un mayor ahorro energético.