«I can’t breathe (No puedo respirar)» fue el grito de guerra de millones de personas que hace ahora un año salían a las calles de todo el mundo para protestar contra la violencia desmedida de la Policía de EEUU sobre las minorías. Desafiando a la pandemia, que entonces campaba a sus anchas por buena parte del planeta, los ciudadanos clamaban contra la muerte en Mineápolis del afroamericano George Floyd, que pronunció esas palabras antes de morir asfixiado por un agente que le clavó la rodilla sobre el cuello el 25 de mayo de 2020.

El de Floyd no es, lamentablemente, un caso excepcional, aunque sí es cierto que revueltas como las que se vivieron tras su asesinato no se recordaban desde 2014, cuando la muerte en Ferguson del joven negro Michael Brown por los disparos de un policía blanco hizo saltar una chispa que provocó varias semanas de batalla campal en Misuri. 

Sin embargo, en esta ocasión, algo cambió, algo tocó la sensibilidad en un Estados Unidos que gritó un «¡basta ya!» unánime, tanto desde las calles como desde el Congreso.

Y es que en esta ocasión, la revuelta social consiguió hacer mella en la clase política. Porque tanto desde el bando republicano -entonces en el poder con Donald Trump en la Casa Blanca- como desde el demócrata -ahora con Joe Biden al frente- presentaron propuestas legislativas para buscar ponerle freno a la brutalidad policial, el primer paso concreto contra esta represión que se prolonga desde hace décadas. Aunque ambas están estancadas en el Parlamento.

Bajo el nombre de Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, los liberales pretenden una reforma que mejore el trato de las Fuerzas de Seguridad a las minorías, acabando con el uso de técnicas de estrangulamiento, la «inmunidad legal» para los agentes y la militarización de los departamentos policiales. Demasiado radical para sus opositores políticos.

Los conservadores llevaron al Congreso una propuesta más cosmética que efectiva. Conscientes del clamor en las calles, presentaron un insulso proyecto centrado en la recopilación de datos, el entrenamiento de los agentes y la transparencia. Insuficiente para hacer frente a la situación. Y ambas estancadas en el Parlamento.

Por eso, tras la condena del jurado a Dereck Chauvin por la muerte de Floyd a finales de abril por asesinato y homicidio -se espera que la sentencia del juez se conozca en las próximas semanas-, los demócratas apuestan por recuperar su plan, con el que, según Biden, combatir el «racismo sistémico» en EEUU. «Este puede ser un momento de cambio significativo», aseguró al conocer el veredicto. «No podemos quedarnos aquí», aseguró el presidente. «Debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas puedan pasar de nuevo», añadió.

Sin embargo, para que la propuesta se convierta en una realidad, los liberales necesitan el respaldo de 10 senadores republicanos, que insisten en que reformar la inmunidad policial perjudicará «a los que actúan de buena fe». Y, así, la lucha contra la violencia racial sigue estancada por la inacción política, mientras la indignación ciudadana continúa y la amenaza persiste en las calles.