El sistema del ingreso mínimo vital no lleva un año implantado todavía y falta engrasarlo. La  Red Europea de Lucha contra la Pobreza ha hecho seguimiento de su puesta en marcha en Castilla-La Mancha y ha sacado un informe este mes con un listado bastante largo de los problemas y dificultades que se están encontrando para su extensión, pero también incluyen unas cuantas propuestas para solucionarlo. 

El informe parte de los datos que les facilita la Consejería de Bienestar Social. Son 7.082 las resoluciones aprobadas a 13 de febrero de las más de 30.000 presentadas. Eso supone que solo un 23% de las personas que lo han solicitado lo están cobrando. Además el dato de denegadas es bastante alto, pues suman 7.692, más que las aprobadas. Hay otras 15.476 inadmitidas. 

Estas cifras podrían no cuadrar del todo con las que la semana pasada aportó el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, al presentar su balance de rendición de cuentas. Aunque quizá la clave está en lo que se esté contando, pues mientras el informe de la Red de Lucha contra la Pobreza habla de solicitudes, el delegado calculó el número de personas que han recibido el ingreso mínimo vital, llegando a 18.505, de las cuales 9.505 son adultos y 9.000 menores.

Tras consultar a profesionales de la Junta y del Tercer Sector, entre los problemas que detectan está la falta de coordinación entre administraciones, no se está traspasando automáticamente al nuevo sistema a los que cobran el ingreso mínimo de solidaridad (la prestación previa que había en Castilla-La Mancha), no hay un cruce de datos ágiles, los procedimientos son muy burocratizados y se piden datos que a veces son díficiles de buscar por los perceptores como sus ingresos anuales o patrimonio. 

Sin incentivos al empleo y con problemas de padrón 

Por parte de los solicitantes consultados, señalan que no hay incentivos al empleo para contratar a las personas que están cobrando el ingreso mínimo vital y no saben qué va a pasar con los que cobraban el ingreso mínimo de solidaridad, que era propio de la región. Dirigiéndose a los ayuntamientos, apuntan que hay problemas con el empadronamiento al requerir un recibo de la luz o contrato de alquiler, por lo que mucha gente se quedaría fuera. 

Pero además de enumerar problemas, el informe también da soluciones que recogen de los profesionales y de los perceptores. A la Junta se le pide que aclare si los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad van a poder seguir renovándolo y hasta cuándo o qué ocurre si se les deniega el ingreso mínimo estatal. También proponen incentivos al empleo como un cheque para la empresa que les contrate y que los servicios sociales puedan acreditar situaciones excepcionales para recibir esta prestación. 

Recuerdan que un 11,2% de las personas de la región sufre pobreza severa 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza alerta de que parte de la población Castilla-La Mancha está en una situación complicada. Se remite al informe Arope, que desvela que el 11,2% de las personas que viven en la región sufren una situación de pobreza severa, es decir, que viven con un ingreso máximo de 500 euros al mes por unidad de consumo. Recalcan que es un porcentaje que supera en dos puntos la media nacional. Por eso, desde la Red de Lucha contra la Pobreza no aprueban que se haya suprimido el acceso de nuevos perceptores a la prestación propia regional, el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Se remiten a datos de la Consejería Bienestar Social para calcular que en estos momentos lo están percibiendo 1.417 personas.