El fatal accidente laboral que tuvo lugar en Marchamalo el pasado 26 de noviembre –en el que perdieron la vida dos trabajadores al caerse de una torre provisional instalada en el campo de fútbol La Solana con motivo de la celebración de un partido de Copa del Rey, ha levantado las alarmas y, sobre todo, la indignación en el entorno sindical de la provincia. Además, tan sólo tres días después, acontecía otro siniestro de gravedad en el ámbito laboral de la provincia, cuando un trabajador resultaba herido de gravedad al precipitarse de una altura de cinco metros mientras trabajaba en una granja de animales de Molina de Aragón.
Para denunciar estos hechos y mostrar sus condolencias por la muerte de estos dos compañeros, un centenar de delegados sindicales de UGT y Comisiones Obreras (CCOO) se concentraron el pasado viernes ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno. «No podemos tener paz social a costa de la vida de los trabajadores y trabajadoras. Esta sangría tiene que terminar», afirmaba con rotundidad Paco Sánchez, secretario provincial de UGT. «Todas las partes implicadas tenemos que hacer mucho más. Sin lugar a dudas, las empresas son las que tienen el deber de seguridad conforme a la Ley de Prevención, pero las administraciones tienen que poner muchos más medios para que la salud laboral sea una prioridad y, por nuestra parte, estaremos también más vigilantes para que las condiciones de seguridad y salud se cumplan y no tengamos estos tristes resultados», manifestó, por su parte, Javier Morales, secretario provincial de CCOO
Ambos representantes sindicales aprovecharon esta convocatoria pública para recordar que Guadalajara continúa siendo, por séptimo año consecutivo, la provincia española con mayor tasa de siniestralidad laboral. En concreto, durante el primer semestre del año, registró una incidencia de 348,8 siniestros por cada 100.000 habitantes siendo, junto con Toledo y Cuenca, la única provincia de todo el país que superara el umbral de los 300 accidentes laborales con baja por 100.000 habitantes. Además, en lo que va 2021, cuatro personas han perdido la vida en la geografía provincial mientras se encontraban trabajando.
«No es posible que Guadalajara, en los últimos siete años, siga ocupando el primer puesto de España y tampoco puede ser que Castilla-La Mancha sea una de las regiones con mayor índice de accidentalidad laboral», denunció Paco Sánchez. «Esto es la punta del iceberg porque entendemos y sabemos que muchos accidentes ni siquiera están registrados, ni siquiera constan», advertía Javier Morales.
Pero, ¿cuáles son los motivos de que Guadalajara, año tras año, siga liderando este triste ranking? Todo hace apuntar, y así también lo sostienen los sindicatos, que la temporalidad y la precariedad laboral de los contratos, aparte del tipo de actividad que se desarrolla de manera mayoritaria en la provincia –la relacionada con el sector logístico–, se encuentran detrás de esta preocupante realidad. «Los últimos datos de paro son positivos pero nos dicen que el 94 por ciento de la contratación que se ha hecho en este año en la provincia ha sido de carácter temporal», recordó Morales. «Es mucho más difícil que se cumplan las condiciones de seguridad y salud laboral cuando hay tanta temporalidad y una rotación tan salvaje en las empresas».
Precisamente, esta misma semana, CCOO alertaba que la acción de la Inspección de Trabajo entre enero y septiembre de 2021, supuso que 8.934 personas trabajadoras de Castilla-La Mancha vieran su contrato transformado de temporal a indefinido después de que sus empresas, donde se detectaron supuestos sospechosos de irregularidad, recibieran las correspondientes comunicaciones.
Subcontratación
Por otro lado, los dirigentes de UGT y CCOO apuntaron que otra causa destacada que influye en el aumento de la siniestralidad laboral en las empresas es la ausencia de representación sindical. «Los accidentes graves, muy graves y con resultado de muerte tenemos perfectamente detectados que son en empresas donde no tenemos representación sindical», confirmó Javier Morales.
Además, la cadena de subcontratación que suele producirse en algunas actividades, especialmente en el ámbito de la contratación pública, es otro factor de riesgo importante. «Las administraciones cuando contratan a determinadas contratas para realizar servicios tienen que velar por los trabajadores y trabajadoras de esas contratas. No vale con subcontratar y me lavo las manos y esto es muy importante que también las administraciones lo cumplan», recordó el secretario provincial de CCOO.
Por otra parte, los representantes sindicales quisieron llamar la atención a las administraciones, imprescindibles a la hora de combatir la siniestralidad laboral. Por ello, exigieron normas que «de verdad velen por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras». «Hay que exigir más contundencia a la Inspección de Trabajo, que se aumente su plantilla. Tiene que haber más medios, pero también más firmeza. Parece que ya no hay miedo a que venga lnspección porque si sólo hace requerimientos, muchas empresas siguen incumpliendo», declaró Paco Sánchez, quien también quiso recordar que la actual Ley de Infracciones data de 2000 y que contempla «unas cuantías irrisorias para las empresas a las que, desgraciadamente, les sale más barato pagar una infracción que cumplir con la salud y seguridad laboral».
Por último, UGT y CCOO anunciaron que esta misma semana solicitarían una reunión «urgente» con todas las partes implicadas en esta problemática:el delegado provincial de Trabajo, el delegado de la Junta, la presidenta de CEOE-Cepyme, la jefa de Inspección y también con la Fiscalía para afrontar esta situación y «acabar con la sangría que está provocando la siniestralidad laboral».