Los familiares de los residentes de la Fundación Elder fallecidos en el inicio de la pandemia de COVID-19 trasladan su "tremendo dolor" ante la decisión del juez titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tomelloso de archivar el procedimiento, "cuando todas las pruebas que existe han acreditado los hechos que detallamos en nuestra denuncia".
Las familias, en un comunicado, insisten en señalar a la dirección de la residencia que "presuntamente habría cometido varios delitos, como puede ser homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Y ello porque no quiso adoptar ningún protocolo de actuación para proteger a nuestros familiares frente al coronavirus, pese a haber sido requerido para ello en varias ocasiones por sus trabajadores, y también pese a estar obligado a llevarlo a cabo ya desde el mes de febrero de 2020 y 5 de marzo, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad".
Así, aseveran las familias que ante esas instrucciones, "ya las residencias de la región habían adoptado un protocolo sanitario para proteger a los ancianos. El resultado fue que el virus apenas impactó en las mismas. Por desgracia, la residencia Elder no adoptó ninguno, y las consecuencias fueron que murieron 76 usuarios. Lo que ocurrió en Elder no pasó en ninguna residencia de España; de hecho, tuvo que ser intervenida por el Sescam, siendo la única sancionada por la administración según manifestó la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", detalla el comunicado.
"No sabemos muy bien por qué no se quiso adoptar un protocolo de actuación que hubiera evitado la muerte de nuestros familiares. Y mucho menos podemos entenderlo cuando los propios trabajadores se lo habían pedido en varias ocasiones desde febrero del 2020, cuando el Ministerio de Sanidad lo exigía obligatoriamente y cuando las demás residencias ya lo estaban aplicando. ¿Por qué en otras residencias sí lo hicieron, -salvando las vidas de sus ancianos- y en Elder no? Es una pregunta que no se nos olvida y a la que no tenemos respuesta por parte de la justicia", explican las familias.
"Por si no fuera poco, veíamos en televisión cómo el director general de Salud Pública de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan José Camacho, salía en rueda de prensa diciendo que el director de la residencia le confirmó que no había equipos de protección y que éste sabía que era su responsabilidad haberlos suministrado. También dijo que las primeras medidas para controlar la epidemia tuvieron que ser adoptadas por la Administración, y algo que nos generó mucha angustia, como que en esos momentos, cuando el virus se cebó con la residencia y se producían fallecimientos, la misma no tenía médico", prosiguen las familias que indican que "gracias a esa conducta nuestros familiares quedaron desprotegidos frente al virus. No tenían mascarillas como exigían las autoridades sanitarias, convivían compartiendo zonas con usuarios contagiados. No se nos permitía sacar a los familiares porque no atendían al teléfono, es decir, no tuvimos ninguna opción de salvarlos. Un dolor irreparable".
Procedimiento judicial
Las familias indican que por ello empezaron en una instrucción judicial "que al inicio nos llamó la atención que el director de la residencia fuera el último en declarar, haciéndolo bastantes meses después que los primeros testigos. Todos los testigos (seis en total) que han declarado, han confirmado los hechos que hemos denunciado. No hay ningún testigo que respalde los diversos relatos que ha tenido el director del centro durante todo este tiempo. Tampoco ha podido citar a alguien que lo defienda, que certifique lo que dice. Se le pidió por parte del juzgado que aportase el protocolo sanitario para combatir el virus y no facilitó ninguno, lógicamente porque nunca lo adoptó", aseguran en el comunicado.
Del mismo modo, afirman que "en una investigación de unos hechos tan graves como estos, nos hemos sentidos solos, pues únicamente nosotros hemos sido quienes hemos ejercido la acusación. Hemos echado en falta una labor de investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía, pues no ha comparecido en varias declaraciones que se hacían en el juzgado, ni siquiera a la declaración del director del centro. Nos extrañó esta postura, tenemos que respetarla, pero no podemos compartirla", aseveran.
"Pese a todo lo anterior, y toda la prueba que hay, hemos visto que la conducta del director de incumplir con las recomendaciones sanitarias -como sí hicieron otras residencias- y no hacer caso a los requerimientos de sus trabajadores ha tenido premio, porque se ha archivado el procedimiento. Nos damos crédito a esta decisión judicial. Aunque las resoluciones judiciales hay que respetarlas, no podemos aceptar que se nos diga que los fallecimientos de nuestros familiares que ocurrieron en la residencia Elder se debió a un "cúmulo de circunstancias desafortunadas". "Ni tampoco que las instrucciones que el Ministerio de Sanidad elaboró para proteger a los ancianos en las residencias eran básicamente eso, 'recomendaciones'".
"Al irreparable dolor que tenemos por la pérdida de nuestros familiares, se une esta decisión tan apresurada, incomprensible y extraña", comentan las familias que por todo ello avanzan que su despacho de abogados va a recurrir el archivo del procedimiento, "al considerar que se trata de una decisión injusta. Queremos que se sepa lo que realmente ocurrió, que se investigue de principio a fin lo que sucedió en la residencia, y cómo gestionó su director la lucha contra la pandemia que se llevó a nuestros familiares. Se lo debemos a ellos y no vamos a parar", concluye el comunicado.