El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera estrategia para luchar contra el despoblamiento de toda España que emana de la ley contra la despoblación que vio la luz por unanimidad en las Cortes y entró en vigor el pasado 1 de junio.
"Es una estrategia innovadora", que la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, espera que sirva de ejemplo para el resto de la España rural que tiene los mismos problemas que Castilla-La Mancha.
Se ha diseñado para los próximos 10 años como un instrumento "vivo" en constante evaluación con cuatro ejes esenciales en el desarrollo de la misma, que es la garantía de acceso a los servicios públicos tanto en materia social, como educativa como sanitaria; el impulso extraordinario en estas zonas a la actividad económica y al emprendimiento; la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades con el objetivo de fijar población en el medio rural.
El objetivo, ha explicado Fernández, no es "obligar" a la gente a quedarse a vivir en su pueblo, sino que aquellas personas que libremente quieran quedarse a vivir en su pueblo lo puedan hacer y lo hagan "con garantías y oportunidades" para encontrar una vida digna con empleo y servicios públicos de calidad.
Esta estrategia será revisada cada cuatro años pero tiene un instrumento participativo que, a juicio de la portavoz gubernamental, es "muy útil" y que se constituyó el pasado 10 de diciembre, que es el Consejo Regional de Despoblación.
De lo que se trata con esta estrategia, ha apuntado Blanca Fernández, es de tener "una hoja de ruta" para los próximos 10 años pero "lo suficientemente flexible" como para que se adapte a las necesidades de cada momento.
Financiación de Proyectos
Además, el Gobierno ha aprobado destinar 10 millones de euros a apoyar la financiación de proyectos empresariales en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
Esta línea de financiación es la primera medida concreta de esta Estrategia y se articula a través del Instituto de Finanzas, de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A (Sodicaman) y de la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha.
Fernández ha explicado que se trata de poner encima de la mesa, al servicio del tejido productivo del medio rural, instrumentos que apoyen la financiación, que sean accesibles y económicos, y que garanticen que se puede invertir en el medio rural, no solo a través de ayudas y apoyo a la inversión como ya se está haciendo, sino también que se garantice financiar proyectos con instrumentos "flexibles, seguros y garantistas".