En el segundo día del juicio por el incendio de Guadalajara, los primeros en declarar han sido dos exaltos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, que durante una sesión que se ha prolongado cerca de cinco horas, han coincidido en reconocer que, aunque ellos firmaron algunos de los expedientes en materia medioambiental con respecto a la  planta de residuos peligrosos, sus decisiones siempre estuvieron basadas en el criterio de los técnicos y que, al igual, siempre intentaron actuar de acuerdo a la legalidad. 

Un macrojuicio muy complejo, en el que se juzga a 18 personas y 3 empresas por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento. Los primeros en prestar declaración este martes ha sido el que fuera director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Chillarón Yuste; y el director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez.

En ambos casos han defendido su manera de proceder en cuanto a las autorizaciones otorgadas en su momento, entendiendo que la tarea de un director general no está en la tramitación del "día a día" de los expedientes y basando la firma de documentos que les competía en las recomendaciones de los propios técnicos.

Miguel Chillarón Yuste ha sido el primero en declarar. Un interrogatorio espeso y en el que se ha observado alguna contradicción. Yute  ha incidido en varias ocasiones en que son los técnicos quienes realizan las inspecciones y hacen los expedientes y que él "se deja aconsejar" porque "ser director general no significa ser el que más sabe y yo confío en su absoluta honradez".

En su caso, el Ministerio Fiscal pide para él una pena de doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y 28 meses de multa a razón de 20 euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago mientras que para Blázquez, a estas penas suma tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Ha sido una jornada compleja en cuanto al fondo de la cuestión. El magistrado que preside la Sala de la Audiencia Provincia, José Aurelio Navarro, ha tenido que llamar en varias ocasiones al Ministerio Fiscal a ceñirse al objeto del enjuiciamiento para que no se perdiera el hilo de las cuestiones a dirimir.

Lo cierto es que ambos directores generales han echado balones fuera en alguna ocasión respecto a su responsabilidades en referencia a las cuestiones que se les han planteado en la Sala en torno a la firma de determinados documentos y expedientes solicitados por la empresa Kuk Medioambiente para ampliar su actividad en la planta al manejo de residuos peligrosos.

Ambos han coincidido en que en las autorizaciones otorgadas a la empresa Kuk Medioambiente S.L. ellos no eran los que a nivel administrativo estaban en el día a día de dichos expedientes sino que eran los jefes de servicio o técnicos los que hacían el seguimiento y que ellos se fiaban, han coincidido ambos.

De sus declaraciones también se ha desprendido que ninguno ha dictado resoluciones contrarias a desecho a sabiendas de que lo son, insistiendo en su "confianza plena" en los técnicos.

"Un director general no entra tanto en las tripas de un expediente", ha señalado por su parte Blázquez en su declaración, asegurando que todos los documentos que él firmó sobre esta empresa tenían que ver con la tramitación de modificación ambiental integrada de 2008 solicitada por la empresa para contemplar el reciclaje de residuos peligrosos. También ha reiterado que nunca se opuso a ninguna resolución planteada por los técnicos y que nunca actuó para favorecer sino que siempre trabajó conforme a la legalidad, convencido de la legalidad de sus actuaciones.

Ha asegurado en su declaración que actuó como con cualquier otra empresa que quería realizar una ampliación y "el jefe de servicio consideró que había que proceder a la modificación de la autorización ambiental integrada y yo la firme porque así se consideró por parte de los técnicos que se debía hacer".

"Mi puesto de director no estaba relacionado con ver los expedientes o nada por el estilo. Los directores no pueden estar mirando el seguimiento de todos los expedientes. Si emitió este escrito el jefe servicio es lo suficientemente válido", ha indicado tras insistir en que, en todo caso, era una resolución de apertura de tramite de ese procedimiento de modificación sustancial pero no ninguna resolución definitiva.

Este miércoles se reanudarán las declaraciones de otros cargos de la Junta con responsabilidad en el Gobierno regional en un determinado periodo de tiempo.