Dos días ha durado el juicio seguido en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra el que fuera jefe del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO) y actualmente jefe de la Policía en Castilla-La Mancha, Félix Antolín, y el jefe operativo de este cuerpo de élite,  .Andrés Calvo, a raíz de la querella presentada por u subordinado suyo, B.G.Mendoza, en 2015 por sentirse humillado y acosado laboralmente, pidiéndose para cada uno de ellos dos años de cárcel.

El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia. Una vista en la que la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de absolución para el ex jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de este cuerpo así como del jefe operativo de este cuerpo de élite.

También ha Defensa de los acusados se ha unido a la petición de absolución de la Fiscalía ante la querella interpuesta en 2015 por el entonces subinspector del GEO, B.G.Mendoza, en la que acusaba a ambos mandos de acoso laboral.

Tanto Antolín como el segundo mando en la unidad de élite fueron denunciados en el año 2015 por este subordinado del cuerpo nacional de la Policía al entender que se le había apartado de todas y cada una de sus funciones inherentes a su puesto de trabajo y que estaba sufriendo una situación "humillante y discriminatoria", hechos que tanto la Fiscalía como la Defensa no han considerado probados, sino que lo que se había dado era una pérdida de confianza en la labor de este funcionario por razones diversas, que impedían que se le pudieran encomendar tareas que exigen esa confianza en un cuerpo de élite que se enfrenta cada día a situaciones de riesgo.

Ni Antolín ni Calvo han querido añadir declaración alguna en el turno de palabra facilitado por la presidenta de la Audiencia, Isabel Serrano, aunque en su declaración durante el primer día de la vista si negaron las acusaciones del querellante. 

La Fiscalía mantiene la absolución para el ex jefe del GEO - Foto: Pepe ZamoraLa Fiscalía sostiene la absolución entendiendo que para dictar una sentencia condenatoria se tendrían que haberse dado actos hostiles humillantes reiterados en el tiempo en el ámbito de la relación laboral y una grave situación de acoso laboral que no se ha dado, y que el hecho de que no participara en determinados cursos o actividades solo era la consecuencia de la pérdida de confianza por distintas razones.

Tampoco la fiscal jefe, Rocío Rojo, ha considerado que se haya vulnerado el artículo 15 de la Constitución que protege la integridad moral y ha señalado que los posibles errores que se hubieran podido cometer en el expediente abierto en su momento contra el querellante, se han reparado en el Contencioso Administrativo previo a esta vista.

Para el Ministerio Fiscal es evidente que un grupo de operaciones tan especial como este tiene que existir esa confianza que requieren determinadas tareas, una confianza que parece ser que se perdió, entendiendo que fue por motivos varios que conllevaron que al final se produzca "una manifestación del poder de decisión de los mandos de ese grupo" que "en ningún caso" puede conllevar que "entre en juego" del Derecho Penal para la sanción de los acusados.

La Fiscalía mantiene la absolución para el ex jefe del GEO - Foto: Pepe ZamoraDe su lado la Defensa de los querellados ha señalado que los hechos que han servido de base a la querella interpuesta no han sido probados "o son apreciaciones subjetivas", y ha pedido para ambos una sentencia absolutoria.

Según los abogados del Estado que representan a Antolín y Calvo, el querellante no sufrió ningún trato vejatorio ni discriminatorio y ha añadido que, a lo largo del juicio ha quedado acreditado que Mendoza siguió realizando las tareas en las que no resultaba imprescindible la absoluta confianza de los superiores, "lógico en una unidad que realiza tareas extremadamente delicadas y de riesgo", ha precisado.

Y ante la declaración en la vista por parte del querellante insinuando que los querellados podrían haber dado una orden a sus compañeros para que le marginaran, los letrados del Estado han señalado que no queda acreditado el aislamiento y que también queda desvirtuada que la misma se produjera por discrepancias por unos cursos de defensa personal sino por la celebración de una asamblea en la que él participó y en la que se llegó a pedir "la cabeza" del segundo jefe del GEO, y que estas y otras situaciones pudieron conllevar una pérdida de confianza para determinadas tareas. 

Con todo esto ha dicho que la versión del querellante no se sostiene y cree que el “enrocamiento” de Mendoza obedece a una situación que en absoluto es objeto de reproche penal, sino que lo que esto ha de contextualizarse en un desencuentro profesional y en una pérdida de confianza pero que no reviste la gravedad que reclama el Código Penal para manifestaciones más intolerantes. 

Por su parte, la letrada que representa a Mendoza ha ratificado su petición de pena de dos años de prisión para cada uno de los altos mandos policiales, entendiendo que a su cliente "se le ha castigado por pensar", así como que durante siete meses estuvo sometido a humillaciones por no estar de acuerdo con la gestión de sus superiores.