El próximo 6 de septiembre comenzará oficialmente el nuevo curso político en las Cortes de Castilla-La Mancha con la reunión conjunta de la Mesa y la Junta de la Portavoces, donde se programará el arranque de actividad parlamentaria, tal y como confirman a La Tribuna fuentes de la cámara autonómica.

De momento, no habrá mucho cambio en el funcionamiento de las Cortes regionales, que retomaron su actividad ordinaria -con restricciones de aforo- en mayo de 2020. La única novedad reseñable es que las ruedas de prensa de los grupos parlamentarios volverán a ser presenciales, tras algo más de un año de conferencias telemáticas.

En cuanto al trabajo pendiente, son varios los anteproyectos de ley que se prevé que lleguen al parlamento regional en este inicio de curso. Y sobre la mesa está también la posible puesta en marcha de una comisión de estudio sobre la gestión de la pandemia en la región, tal y como reclama Ciudadanos en cumplimiento del pacto por la reconstrucción firmado con el Gobierno y el PSOEen junio del pasado año. De momento, esta comisión sigue sin fecha y sin mucho ánimo de convocarse dentro de las filas socialistas.

Cámara de Cuentas.  El anteproyecto de ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha entró en las Cortes a finales y de julio y la previsión de la Consejería de Hacienda es que esta norma -que recupera en parte la figura del Síndico de Cuentas- pueda ver la luz antes de que acabe el año. 

La creación de esta Cámara de Cuentas es uno de los asuntos pendientes desde la pasada legislatura.

Ley LGTBI. Este curso político está previsto que comience la tramitación parlamentaria del proyecto de ley LGTBI de Castilla-La Mancha, en el que trabaja la Junta desde hace ya varios años.

 Entre las novedades que plantea esta iniciativa destaca el hecho de que el Servicio de Salud regional incluirá en su cartera de servicios los tratamientos hormonales y cirugías necesarios para llevar a buen puerto el cambio de sexo, incluyendo tanto las operaciones genitales como las de tórax y las faciales. Todo ello sin examen psiquiátrico previo, tal y como reclama el colectivo Trans.

Una tramitación que no estará exenta de polémica. Desde algunos colectivos conservadores  como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) en Castilla-La Mancha, ya se ha pedido la retirada total del texto, pues «genera confusión entre el respeto a la dignidad de las personas LGTBI y el adoctrinamiento ideológico en el homosexualismo».

Leyes del Agua y el Vino. Los proyectos de ley del Agua y del Vino llevan tiempo atascados en la mesa del Consejo de Gobierno, si bien el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado en varias ocasiones que ambas normativas verán la luz este 2021.

De momento, lo que hay en ambos casos son dos borradores, que están teniendo una acogida desigual entre los colectivos afectados. En el caso de la Ley del Agua, la polémica está en la prevista creación de un canon medioambiental sobre el uso y consumo de agua. 

Sería un impuesto ‘verde’ con finalidad extrafiscal –es decir, que su objetivo va más allá de la mera recaudación– y cuyos beneficios se destinarían a la construcción de infraestructuras hidráulicas y a la preservación medioambiental de este recurso. Las viviendas tendrían que pagar una cuota fija de 2 euros al mes, a la que habrá que sumarle una cantidad variable en función del consumo y que podría elevar la factura hasta 60 céntimos por metro cúbico.

En cuanto a la anunciada reforma de la Ley del Vino (la anterior fue derogada parcialmente por el Gobierno de Cospedal), también está generando debate en el sector. Desde la patronal agraria Asaja se advierte de que el texto presentado por Agricultura «se parece mucho a otra leyes que no han funcionado» y, sobre todo, se queja de que no toma medidas firmes contra el fraude.

Previsiones para el otoño. El plan anual normativo de la Junta de Comunidades para 2021 también contempla sacar adelante antes de que acabe el año  la modificación de la Ley de Montes, de Vías Pecuarias y de Conservación de la Naturaleza, así como las leyes para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación, y la destinada a ordenar la de áreas productivas de la región. En materia sanitaria, está pendiente la  ley de reordenación del servicio farmacéutico. 

Y también está en la agenda del Gobierno regional la posibilidad de llevar a las Cortes la prevista reforma del Estatuto de Autonomía, paralizada por la pandemia.

A principios del verano, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ya avanzó su intención de retomar las negociaciones con los grupos parlamentarios en otoño, si la evolución de la pandemia lo permitía. No obstante, el tiempo corre en su contra. A menos de año y medio de las próximas elecciones autonómicas, cualquier reforma estatutaria debería salir de las Cortes antes del próximo verano. Se verá.