Dos años y tres meses llevan en funciones los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presididos por Carlos Lesmes, ante la incapacidad del PSOE y el PP de alcanzar un acuerdo para renovarlo, un bloqueo récord destinado a prolongarse sine die tras la ruptura de las negociaciones de la pasada semana.
Hasta ahora, el período más largo en funciones había durado cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008) y el juego de poderes era similar: los socialistas estaban en La Moncloa, los populares en la oposición y el órgano de gobierno de los magistrados, con el mandato caducado, prolongó una mayoría conservadora reflejo de la legislatura previa.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los vocales -12 jueces y ocho juristas- deben ser elegidos con una mayoría de tres quintos en el Parlamento, lo que entonces y ahora obliga a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios y fija también que si las Cámaras no designan en plazo a los nuevos miembros del Consejo, los salientes continuarán en funciones.
En 2018, cuando concluía el mandato del actual Consejo, el pacto entre PP y PSOE estaba cerrado, y los aspirantes a vocales habían incluso desfilado ya por la Comisión de Justicia del Congreso. Uno de ellos era José Ricardo de Prada, juez del caso Gürtel. Propuesto por el PSOE, en aquella ocasión no hubo vetos, pero los populares dejaron claro su rechazo a este magistrado y cuestionaron sus méritos.
Ferraz ha vuelto a proponerlo y Génova, esta vez, lo ha situado entre sus líneas rojas al considerarlo candidato de Unidas Podemos, al igual que a Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género y que ya en 2018 se cayó de la lista. Sin embargo, De Prada entró entonces como «jurista de reconocida competencia», ya que se encontraba en situación de servicios especiales como juez. Ahora trabaja como magistrado en la Audiencia Nacional y los populares consideran que sería un fraude de ley que formara parte del mismo bloque de juristas.
El pacto en 2018 estaba tan cerrado que incluso se había hecho público el nombre de la persona que lo presidiría (el magistrado Manuel Marchena), aunque la ley establece que son los nuevos integrantes del órgano quienes tienen que elegirlo. El acuerdo saltó por los aires cuando Marchena renunció al cargo reivindicando su independencia después de que se filtrara un mensaje del entonces portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, a los senadores de su grupo en el que señalaba que ese nombramiento permitiría controlar «desde detrás» la sala segunda del Tribunal Supremo.
A partir de entonces los dos principales partidos han estado cerca de un pacto en varias ocasiones, pero los enfrentamientos políticos y las coyunturas electorales (la última, las catalanas del 14-F) han impedido hacerlo efectivo.
Para forzar al PP a negociar, el Gobierno impulsó una controvertida reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ rebajando las mayorías parlamentarias necesarias, pero la propuesta quedó congelada tras la llamada de atención de las instituciones europeas. El siguiente movimiento fue una proposición de ley para impedir que el Consejo haga nombramientos en funciones, iniciativa en tramitación en este momento y que ha soliviantado al órgano de gobierno de los jueces al considerar que vulnera la separación de poderes. De hecho, y a pesar de las críticas desde los partidos que apoyan al Ejecutivo, el CGPJ ha seguido haciendo nombramientos en funciones.
De momento, el bloqueo continúa, sin que nadie pueda poner fecha a su final.