Después de más de una semana de altercados en las calles de Cataluña, con Barcelona como lugar más asediado por los violentos, los graves altercados de la noche del pasado sábado en la Ciudad Condal, en los que se llegó a prender fuego a un vehículo de la Guardia Urbana con un agente en su interior, supusieron un «salto cualitativo» en la violencia de estas protestas que se deben cortar «antes de que se vaya de las manos», según coincidieron ayer los sindicatos policiales, los partidos políticos y los empresarios. Y es que lo que empezó con enfrentamientos contra las Fuerzas de Seguridad tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo, pero con condenas pendientes por amenazas y agresiones, ha desembocado en una situación insostenible de violencia, vandalismo y saqueos que parece no tener techo.
En este sentido, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, mostró su preocupación tras constatar que en los últimos días se está viendo «una violencia desbocada e inaudita» entre los alborotadores que actúan en Cataluña. Por ello, y con la intención de reforzar la seguridad que hoy se reúnan el propio Sàmper con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, casi por primera vez desde que arrancaron los disturbios, sí condenó los hechos e, incluso, acudió a la Comisaría de la Guardia Urbana atacada.
Hubo unanimidad en la condena entre los partidos políticos, con la excepción de la CUP -como casi siempre- que consideró que «no sirve de nada» cargar contra los alborotadores como «si fuese la solución». Frente a esta postura, el candidato del PSC a la Presidencia del Govern, Salvador Illa, sentenció que «quien no condene explícitamente la violencia y no dé apoyo sin fisuras a los Mossos y a las Fuerzas de Seguridad está inhabilitado para gobernar» en la región.
Más allá de las condenas, desde la oposición se cargó también contra el Ejecutivo, nacional y autonómico, por permitir la escalada de violencia. En este sentido el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, acusó al Govern en funciones de actuar con «pasividad» ante la violencia. Al debate se sumó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que reclamó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convoque de urgencia la Junta de Seguridad de Cataluña porque lo que está ocurriendo en Barcelona es «terrorismo callejero». Un discurso similar al de Vox, cuya portavoz, Macarena Olona, tildó de «cobarde» al exmagistrado.

Los perjudicados

La preocupación por los graves incidentes es extrema entre los comerciantes y empresarios barceloneses, especialmente los que tienen sus negocios en el centro, perjudicados reiteradamente por destrozos y saqueos durante las protestas.
Uno de los más duros fue el presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Gracia, Luis Sans, que señaló que los disturbios del pasado sábado evidencian «el riesgo de que el país se nos vaya de las manos». Por su parte, el Gremio de Hoteles de Barcelona denunció que es «inadmisible que las administraciones competentes no muestren una postura y una actitud firme e inequívoca contra estos hechos».

Repulsa

Mientras, sindicatos de policías nacionales, autonómicos y locales, así como asociaciones de guardias civiles, mostraron su condena, repulsa e indignación con los repetidos actos violentos, que, según los Mossos, están perfectamente organizados por grupos expertos en guerrilla urbana. «No estáis solos, contad con nuestro apoyo», resaltaron desde ErNE, sindicato de la Ertzaintza para mostrar su apoyo a los efectivos policiales catalanes que detuvieron a 14 personas el pasado sábado por su participación en los disturbios el pasado sábado por su participación en los disturbios.