Un total de 58.120 aspirantes, el 70% mujeres y nueve de cada diez residentes en la región, optarán por hacerse con alguna de las 1.583 plazas de Administración General convocadas en las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020, cuyos procesos selectivos comenzarán entre el 25 de septiembre y el 28 de noviembre de este año.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, acompañado del director general de Función Pública, José Narváez, ha informado hoy de los principales detalles sobre las fechas y lugares en las que tendrán lugar los exámenes de estos procesos selectivos, que se publicarán la próxima semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en la que también aparecerá la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Así, Ruiz Molina ha subrayado que, de las 1.583 plazas convocadas, 915 son para funcionarios y 668 para personal laboral. 

Habrá 138 plazas reservadas a personas con discapacidad, de las cuales 73 son para discapacidad general, que son las máximas que permite la ley, el 5 por ciento del total de las aprobadas, y a las cuales optarán 2.027 aspirantes.

Las 65 plazas restantes están reservadas a personas con discapacidad intelectual correspondientes a las ofertas de empleo de público de 2017 a 2020. Las pruebas, al que se han presentado 553 aspirantes, se celebrarán en un turno independiente, con temario y pruebas adaptadas, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que fue impulsada por el Gobierno regional para facilitar el acceso de este colectivo a la Función Pública.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que, de los 58.120 aspirantes, 55.540 serían para las 1.445 plazas de los turnos generales de funcionarios y laborales, lo que supone 38 aspirantes por plaza; 2.027 aspirantes para las 73 plazas de discapacidad general, lo que representa 28 aspirantes por plaza; y 553 aspirantes para las 65 plazas de discapacidad intelectual, lo que reduce la ratio a 8,5 aspirantes por plaza. 

De los 2.207 aspirantes a una plaza de discapacidad general, un total de 316 han solicitado algún tipo de adaptación en función de su discapacidad. La mayor parte de estas adaptaciones han sido para aumentar el tiempo de la prueba o el tamaño de la letra, habiendo también algunos casos concretos de solicitud de mesas adaptadas para sillas de ruedas, intérprete de lengua de signos para personas con discapacidad auditiva o la petición de la herramienta informática específica para realizar el examen por ordenador para los aspirantes con discapacidad visual.

En este mismo sentido, en cuanto a los procesos selectivos para discapacidad intelectual, el 41% de los 553 aspirantes a las 65 plazas reservadas a este colectivo, han solicitado también adaptaciones, mayoritariamente relacionadas con la duración de las pruebas.

Un reto a nivel organizativo que implicará la participación de 5.200 personas. «El elevado número de plazas convocadas, que conllevará la celebración de 112 procesos selectivos, supondrá para la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas enfrentarse de nuevo a un gran reto de organización y logística, con el objetivo de que los exámenes se desarrollen sin incidentes», ha indicado Ruiz Molina, quien se ha mostrado confiado en que se lleven a cabo «con el mismo éxito que en la convocatoria del anterior proceso selectivo conjunto que hemos celebrado correspondiente a la oferta de empleo público 2017-2018».

Para garantizar que así sea, habrá  5.200 personas implicadas en la organización y desarrollo de los procesos selectivos, ha subrayado Ruiz Molina.

De ellos, 700 serán integrantes de los 70 tribunales calificadores que se han constituido, 56 para las plazas de personal funcionario y 14 para las de personal laboral. En este punto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha querido destacar que la «profesionalidad, cualificación y capacidad han sido los principios que se han tenido en cuenta a la hora de designar a todos los miembros de los tribunales», al objeto de garantizar la objetividad en los procesos selectivos, así como la autonomía e imparcialidad.

Además, se ha garantizado la igualdad entre los miembros de los tribunales, ya que el 54% de sus integrantes son mujeres. Igualdad que también se ha tenido en cuenta a la hora de ocupar las presidencias y secretarías de los tribunales, que son los puestos de mayor responsabilidad.

Al margen de los integrantes de los tribunales, se estima que participen 4.500 personas, entre vigilantes, coordinadores provinciales, responsables de centro, responsables de pabellón y personal de servicios.

Supone 1.000 personas más con respecto a las que hubo en las pruebas de los procesos selectivos correspondientes a la OEP 17-18, debido a que por la pandemia y siguiendo las indicaciones sanitarias, en estos procesos selectivos se ha reducido el número de aspirantes por aulas, lo que conlleva la apertura de más clases y, por tanto, la necesidad de disponer de más personal de apoyo para que los exámenes se lleven a cabo con total garantía.

En cuanto a los lugares de exámenes, tendrán lugar con carácter general en Toledo, a excepción de las pruebas selectivas con mayor número de aspirantes, que son auxiliar administrativo, peón especialista, auxiliar de enfermería, auxiliar técnico educativo y personal de limpieza y servicios domésticos, que se celebrarán en todas las capitales de provincia de la región para facilitar la logística y, sobre todo, la comodidad y acceso de los aspirantes.

Estrategia de empleo público. Para finalizar su intervención en la rueda de prensa, Ruiz Molina se ha referido a la política que en materia de empleo público ha venido desarrollando el Gobierno de Emiliano García-Page.

Así, ha destacado que se sigue cumpliendo el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de aprobar todos los años una oferta de empleo público en todos los sectores y que supone ejecutar al cien por cien los planes de impulso a los servicios públicos que se viene desarrollando desde la anterior legislatura.

De hecho, desde 2016 se han aprobado 15.751 plazas de empleo público, lo que supone una media de 2.600 al año, y el Gobierno regional espera que al acabar la legislatura, en 2023, se superen las 20.000 plazas de empleo público aprobadas durante los últimos ocho años.

En ese sentido, el consejero ha resaltado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más ágiles tanto en la aprobación anual de ofertas de empleo público como en la convocatoria de sus respectivos procesos selectivos.

Ruiz Molina, además, ha señalado que con las sucesivas ofertas de empleo público se persigue mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional; blindar sus plantillas; ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración; facilitar oportunidades de promoción interna a las empleadas y empleados públicos; favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública, y reducir la tasa de interinidad.

Sobre este último objetivo, el consejero ha indicado que, tras la adjudicación de las plazas correspondientes a estos procesos selectivos, la tasa de temporalidad quedará por debajo del 8 por ciento en Administración General, cumpliendo con las exigencias fijadas por las correspondientes Leyes de Presupuestos del Estado.