El sector del automóvil está inmerso en una revolución tecnológica sin precedentes con la aplicación de una moderna tecnología más eficiente y sostenible que, además de incrementar los niveles de seguridad de sus usuarios, reduce la emisión de gases contaminantes con la llegada del coche eléctrico.

 La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguraba recientemente que la economía europea basada en los combustibles fósiles «ha llegado a su fin», ante el objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática en 2050 e intentar reducir las emisiones del bloque un 55% en 2030, con respecto a los registros existentes de 1990.

En este sentido, Bruselas se propone prohibir la venta de coches de combustión e híbridos a partir del año 2035, un objetivo vinculante para el que reclama tanto a la industria como a los gobiernos agilizar cuanto antes el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la zona euro.

Los expertos comunitarios plantean un avance gradual, con un objetivo intermedio, de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.

En esta senda, los automóviles híbridos están también «llamados a desaparecer», señalan fuentes comunitarias, que matizan que este tipo de vehículos tienen aún un papel relevante que jugar en la reducción progresiva de emisiones.

En el caso de la automoción, el Ejecutivo comunitario quiere centrar los esfuerzos en los coches y furgonetas porque representan el «gran problema» de Europa para controlar las emisiones, por lo que los vehículos de dos ruedas quedan excluidos de las nuevas normas.

Tampoco afectará a los modelos pesados porque están cubiertos por una legislación más reciente que la UE sopesa revisar el próximo año, cuando tenga más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Para facilitar la transición de los conductores europeos a coches de batería o hidrógeno, la Comisión quiere también que los Estados Miembro tomen medidas para asegurar que podrán recargar sus vehículos cuando transiten por el territorio comunitario.

De este modo, la propuesta de Bruselas prevé un punto de recarga eléctrica fijo cada 60 kilómetros en la red transeuropea de transporte (TEN-T) y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno.

Por su parte, el Gobierno español aprobó en la segunda semana de julio el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado, que supondrá una «gigantesca inversión de recursos públicos» de 4.250 millones de euros y podrá generar unos 140.000 empleos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, consideró que esta inversión pública tendrá un «efecto multiplicador» en el sector privado, que se calcula en torno a unos 19.700 millones de euros para 2023.

El Perte se concibe como «una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un motor tractor que impulse el ecosistema de automoción en todo el país, según subrayó Maroto.

El proyecto de automoción está también dirigido a impulsar con 3.000 millones de euros iniciativas transformadoras de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, con propuestas dirigidas a actuar en investigación, desarrollo, fabricación de equipos originales, ensamblaje y baterías.

Por su parte, un segundo apartado se centrará en medidas «facilitadoras» que potencien la creación de una nueva movilidad, con acciones de carácter normativo o el despliegue de puntos de recarga, economía circular o digitalización.

Esta inversión total de 24.009 millones de euros permitirá, según previsiones de Moncloa, crear unos 140.000 empleos, y contribuirá entre un 1% y un 1,7% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Para 2023, el Gobierno prevé alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y que haya en España entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga para esta clase de modelos cero emisiones.

Fondos ‘Next Generation’

Los proyectos que se presenten para acceder a las ayudas, que provendrán de los fondos europeos Next Generation, deberán incluir un plan de economía circular y actuaciones concretas basadas en tecnologías de digitalización que posibiliten la efectiva cooperación entre los agentes participantes.

También, se añadirá un plan de formación y reciclaje profesional con objetivos a largo plazo y el compromiso de generación de más empleo.

Está prevista la creación de una alianza para el vehículo eléctrico y conectado para contar con la participación de todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente y donde estarán representados los ministerios implicados y la mesa de automoción, así como también las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las comunidades autónomas.