La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto del Gobierno por el que concedió de forma directa dinero del fondo de recuperación de la Unión Europea a cuatro autonomías. Se trata del País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana, que se repartieron nueve millones de euros destinados a la promoción del empleo, dentro de los fondos Next Generation. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que esta designación se realizó por criterios «sectarios y partidistas».

Según declaraciones de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda madrileño, Madrid presentó el recurso en el Supremo con dos objetivos: para que el dinero se revierta por parte de las regiones beneficiadas y que no se vuelve a repetir. Fernández-Lasquetty defiende que esa asignación se realizó «al margen del reparto que ya se había acordado y sin que haya ninguna razón ni nada que lo justifique». Además, acusó al Ejecutivo de Sánchez de «falta de transparencia» y realizarlo «fuera de los cauces establecidos». Semanas atrás, el Partido Popular ya había denunciado públicamente el reparto de los nueve millones a las comunidades autónomas antes citadas.

 Isabel Díaz Ayuso continúa con este recurso ante el Alto Tribunal con su cruzada frente al Gobierno central para defender los intereses de la Comunidad de Madrid. A la presidenta no le duelen prendas para ser el cortafuegos de la acción de gobierno de Pedro Sánchez. El presidente español utiliza todos los instrumentos a su alcance para mantener el pacto con otras formaciones políticas y parece que este reparto de nueve millones es una jugada más para contentar a sus socios vascos y navarros y tranquilizar a sus barones valenciano y extremeño.

Los fondos de recuperación de la UE deben ser equitativos y tratar a todas las autonomías por igual. Utilizarlos como dádivas por intereses partidistas y con el propósito de pagar favores sería injusto y beneficiaría a unos ciudadanos en detrimento de otros. Ese dinero europeo está destinado a recuperar la maltrecha economía del conjunto del país, después del daño provocado por la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de emplearlos en iniciativas y proyectos que verdaderamente reviertan en la economía nacional y no en el mantenimiento de alianzas políticas u organismos cuya utilidad está en tela de juicio. El Ejecutivo no puede fomentar con sus caprichos y urgencias que haya españoles de primera y de segunda.