El sexto día de la vista por el incendio de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches en agosto de 2006 ha sido copado por las declaraciones de los hermanos Layna. 

Este martes han prestado declaración Manuel, Sergio y Pablo Layna, del Grupo Layna, la empresa que estuvo instalada entre 2015 y 2016 en las instalaciones de Kuk Medioambiente a cambio de un alquiler de 10.000 euros mensuales.

Una vista en la que los tres hermanos han dejado claro, a preguntas de la Fiscalía y de su abogado, que desconocían lo que estaban pasando en la planta de Kuk Medioambiente en el tiempo que estuvieron allí porque delegaron esa responsabilidad en la persona que contrataron allí, Juan José G.L., aunque tal y como ha precisado de manera bastante clara Pablo y también señaló Sergio, "estaban pasando cosas raras" en relación al manejo de residuos y la facturación. Habían empezado a ver que llegaba algún camión con vertidos que no figuran en su albarán pero que entraban a su zona y algunas otras cosas.

"Yo veía cosas raras y no me terminaba de fiar", ha apuntado Pablo Layna, administrador del Grupo Layna. Eso le generó desconfianza hacia la persona que contrataron para hacerse cargo de la planta alquilada en Chiloeches, donde llevaban residuos. Todo ello mientras desde el Ministerio Fiscal han calificado de "incoherente" que pareciera que la persona que habían contratado, J.L. Gutiérrez, aparentaba tener más control de dicho grupo que los propios dueños. 

Manuel, Sergio y Pablo están acusados de un delito de participación en grupo criminal, por lo que se pide para ellos dos años de prisión, pena a las que se suman otros siete años por otro delito de gestión peligrosa de residuos, siete más por explotación de instalaciones peligrosas y tres años más por falsedad en documento mercantil. 

Sergio Layna, encargado de la labor comercial, ha coincidido también en que ninguno de los hermanos tenía conocimiento de lo pasaba en las instalaciones alquiladas, asegurando que si hubieran sabido lo que se estaba haciendo en la planta, "no se hubiera hecho". 

Los tres han echado balones fuera pero quizá, la declaración de Sergio Layna ha sido la más emotiva al asegurar que el grupo lleva dedicado a los residuos 30 años y que "jamás" han tenido "ningún problema".  "Para mí, estos cinco años están siendo un auténtico calvario. Me señalan cada sitio que voy a vender un contenedor. Si yo hubiera sabido algo, a lo mejor hubiera matado a alguien, hablando mal y pronto", ha apuntado.

Los tres se han acogido al derecho de prestar declaración solo ante las preguntas del Ministerio Fiscal y de su abogado, mostrando en muchas cuestiones planteadas por la Fiscalía una ausencia de conocimiento y responsabilizando de ciertas responsabilidades a terceros, en su caso, a la persona que nombraron como responsable de la instalación que alquilaron a Kuk Medioambiente.

Sergio Layna, responsable del Departamento Comercial de Layna, ha desvinculado al que sería después viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, como el nexo de contacto, a través de la empresa Biosonoil, entre Kuk y Layna para el alquiler de la planta de Chiloeches; en contrapartida a lo manifestado por el titular de las instalaciones, Francisco Fernández.

Sergio ha insistido en su declaración en que  él no conocía muchos detalles de lo que pasaba en Chiloeches porque viajaba mucho y porque para eso tenían un responsable de planta que era Juan José. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer", ha apuntado.

También ha negado cualquier relación o trato especial con funcionarios o técnicos de la Junta de Castilla Mancha así como que fruto de ello su empresa haya obtenido algún beneficio.

Por su parte, Manuel Amador, administrador del área de Logística, Mantenimiento y Obras y primero en prestar declaración en esta jornada, ha reconocido no ir mucho por la planta de Chiloeches y que cuando iba "se comunicaban y había algo raro". "Cada vez que entrábamos, éramos los dueños pero éramos los bichos".

Ha asegurado no constarle que en las instalaciones se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos para luego llevarlos al vertedero de Salmedina. "Que yo sepa, eso no es cierto", ha dicho tras recordar que la Layna en la planta alquilada en Chiloeches entre 2015 y 2016 se centraba en clasificar los residuos que llegaban a las instalaciones y llevarlos a los destinos finales y ha asegurado no tener constancia de que allí se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos.

Ha reconocido, no obstante, que el responsable que tenían en la planta de Chiloeches hacía subcontrataciones de transporte, así como que le ocultaba información y que pasaba gastos de contratación de vehículos que no eran de la casa. "Ahí fue el choque", ha señalado en su declaración.

Una declaración en la que, a preguntas de su abogado ha señalado que cuando la primera semana de abril se marcharon de la planta de Chiloeches, mandó algunos vehículos para recoger documentación y se encontraron "a alguien en remoto borrando" la información "de los ordenadores". "Se estaban llevando documentación en los coches pero tras un forcejeo la recuperamos y la llevamos a las oficinas que tenemos en Alcalá de Henares", ha apostillado.

El juicio continuará el próximo jueves a partir de las nueva de la mañana con las declaraciones de nuevos acusados, concretamente de J.A.M.G. y E.O.R de Salmedina Tratamientos de Residuos Inertes y J.J.G.L.