Durante las últimas semanas ha sido noticia, y tiene todo los visos de seguir siéndolo en el futuro por sus implicaciones económicas y políticas, el acuerdo de la Comisión del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dependiente del Ministerio de Transición Económica de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Una decisión contra la que se han manifestado radicalmente las organizaciones agrarias en bloque; un choque de intereses entre los derechos del lobo y los de las ganaderías extensivas; un choque también entre ministerios donde Luis Planas en Agricultura rechaza con retraso el acuerdo de Teresa Ribera en Transición y plantea una salida negociada basada en la cohabitación; una amenaza más, en definitiva, para este tipo de explotaciones que tienen el territorio como su principal medio de subsistencia, que se suma a los efectos negativos que ya sufren consecuencia del avance de la fauna salvaje sin los debidos controles sanitarios.

En principio, sorprende que la decisión del Ministerio de Transición haya cogido por sorpresa al sector y al propio Ministerio de Agricultura; que nadie se creyera eso de que «viene el lobo», cuando ya lo venía anunciando desde hace varios meses el propio secretario de Estado de ese departamento, Hugo Morán. Siendo cosas de lobos, nadie se lo creía.

Le decisión de esa Comisión, actualmente a exposición pública, camino de convertirse en orden ministerial, tiene una primera lectura puramente técnica y otra de mayor calado político.

En lo que afecta a la gestión técnica sobre el lobo, desde la organización agraria UPA se entiende que un primer paso indispensable debería haber sido la elaboración de un censo lo más real posible sobre las manadas de lobos existentes en España. A partir de ahí, analizar las posibles medidas a adoptar; desde las preventivas, como los pastores eléctricos o los perros guardianes, a otras como la mejora y menos burocracia en las indemnizaciones, la posibilidad de dejar en el campo animales muertos por accidentes, de establecer zonas por sus características especialmente adecuadas para los lobos y además una mayor intervención por parte de Agricultura.

La gestión del lobo, como hace un año los precios justos, ha sido en este momento el nexo que ha unido a todas las organizaciones agrarias: ASAJA califica la media como un despropósito; COAG apunta a Ribera como una ministra autoritaria y sobre todo hipócrita por ser responsable del reto demográfico y adoptar medidas para cargarse a quienes viven y cuidan el territorio, los ganaderos; UPA abunda en la necesidad de que Agricultura no puede mirar hacia otra parte ante esta situación y organizaciones regionales como UCCL en Castilla y León lamentan la ausencia de Agricultura antes de ese acuerdo para haber propiciado unas negociaciones sobre el problema. Desde el sector se estima que la posición en contra de Agricultura a la propuesta de Transición se debería haber producido en Moncloa, antes del acuerdo, y no salir solo a los medios, a toro pasado, cuando ese papel lo debería haber jugado Luis Planas en la mesa del Gobierno. En la misma línea se advierte a los políticos que lo que siente un ganadero al ver sus animales destrozados no se puede resumir simplemente señalando que hay un seguro, que existen fondos, y menos si son sacados de la PAC.

Para el sector resulta difícil de entender que un departamento al que se le han asignado competencias de reto demográfico, adopte una decisión que puede perjudicar el futuro de una ganadería extensiva que hoy es uno de los pilares para el sostenimiento del territorio con el ganadero a pie de campo. De entrada, no tiene fundamento que una decisión que afecta fundamentalmente a media docena de comunidades autónomas sea acordada por 17.

En primer lugar el acuerdo refleja la falta de unidad o de comunicación en los criterios de actuación del Gobierno sobre un mismo problema. No se explica que un departamento defienda el futuro de las cabañas extensivas, que se esté tratando de apoyar todo tipo de prácticas medioambientales y que otro que circule en dirección contraria.

En segundo término, el acuerdo pone de manifiesto el escaso peso que mantiene Agricultura frente al nuevo departamento de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Agricultura ha sido históricamente uno de esos departamentos con escaso peso en el Gobierno y en las últimas décadas han sido contados los ministros con poder para hacer valer en algún momento sus posiciones, como sucediera con Carlos Romero frente a Boyer o Miguel Arias con los populares.

Hoy, con Luis Planas al frente, un ministro de los que se dicen políticamente correcto, diferentes encuestas y análisis le colocaban sin embargo recientemente como el de perfil más bajo y como candidato a salir del Gobierno en una próxima remodelación. Agricultura mantiene esa posición de departamento de segunda frente a un ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con una ministra políticamente incorrecta en lo que respecta a la actividad agraria, sin una línea coherente, pero con graduación de vicepresidenta.

Para el sector agrario, lo más peligroso ya no es el tema del lobo, sino que ese departamento haya ido acaparando competencias ligadas a la actividad agraria como agua, biodiversidad, fauna salvaje, residuos, uso de nitratos, contaminación ambiental, erosión, energías… Campos en los que las decisiones deberían ser, al menos, compartidas, pero donde podría suceder lo que ha ocurrido con la protección del lobo: que decidan unos por los intereses de otros.

Luis Planas ha tenido en el último año, cosa que no tuvieron sus predecesores, la posibilidad de posicionar al sector agrario como una actividad estratégica para la vida de un país por la crisis de la pandemia,  y al departamento y a él mismo en buen lugar en la mesa del Gobierno cuando todo el mundo se deshacía en alabanzas por el papel de agricultores y ganaderos. No lo hizo y Atocha sigue donde estaba, sin peso en Moncloa por muchas campañas de declaraciones que se hagan para mejorar una imagen que suele aparecer siempre de perfil.

El lobo puede poner más en peligro miles de explotaciones de la ganadería extensiva y tener en vela a los cada día más escasos pastores que mantienen esos rebaños. Pero, además de ese lobo amenazando las explotaciones en el campo, sobre Agricultura se ve cada día más la sombra afilada de Teresa Ribera desde su minarete de Transición, donde se adoptan decisiones al margen de que las mismas sean políticamente correctas, incorrectas o contradictorias, como señalaba COAG. Y, lo peor, que pillen a Luis Planas mirando a otro lado, preocupado de mejorar su imagen repitiendo mensajes en los medios, corriendo apresurado para dar una respuesta en contra.