El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado lunes la reunión de la conferencia sectorial conjunta de Agricultura y Desarrollo Rural y de Pesca, realizada mediante videoconferencia, en la que se aprobó el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Planas ha asegurado que este plan es «de gran importancia para el sector agroalimentario, porque es un plan de planes», según el ministro, ya que aglutina en un documento único los controles oficiales que llevan a cabo las distintas autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.

El plan de control de la cadena alimentaria tendrá una vigencia de 5 años (hasta diciembre de 2025) y en su parte general se describen los principios orientadores en los que se ha basado su redacción y la organización territorial y distribución de competencias entre las distintas administraciones, así como cuatro objetivos de alto nivel. Tres de ellos, los que corresponden al ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han sido aprobados por la Sectorial. Se trata del Objetivo 1 (reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal a través de controles en la producción primaria), el Objetivo 3 (garantizar la calidad alimentaria y luchar contra el fraude alimentario) y el Objetivo 4 (reducir riesgos para la salud humana, animal y vegetal mediante el control de importaciones y exportaciones). Estos tres objetivos comprenden 21 programas nacionales de control oficial.

El Objetivo 2 del plan (reducir riesgos para la salud humana mediante controles en establecimientos alimentarios) incluye los programas de trabajo competencia del Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria aglutina todos los controles oficiales de las autoridades alimentarias españolas en un solo documento, tal y como prescribe el Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles y otras actividades oficiales. Esta norma establece que cada Estado miembro debe elaborar un único plan nacional de control plurianual integrado para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, salud, bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

En España, la redacción del plan depende de un grupo de coordinación en el que, además de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Consumo, están representados el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También hay grupos de coordinación entre los diferentes ministerios y las comunidades autónomas.

Una de ellas, Castilla y León, ya ha anunciado a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que participará de forma «muy activa» en el Plan, en el que desarrollará once tipos de actuaciones, seis de ellas nuevas, con la previsión de realizar más de 11.000 controles al año para aplicar la legislación sobre alimentos y piensos, salud y bienestar animal y sanidad vegetal.

8,3 millones.

Para ayudar a que este Plan se lleve a buen fin, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más que el año pasado) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Durante 2020, la agencia realizó 320 inspecciones de oficio, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 580 sanciones por valor de 879.000 euros

Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.

Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato. En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores.

La directora de la AICA, Gema Hernández, ha destacado que 2020 supuso un «trabajo intenso» de reprogramación de inspecciones y de investigación de las denuncias y alertas que se presentaron por posibles incumplimientos de la ley de la cadena. Hernández también ha explicado que desde su creación en 2014 el número de inspecciones ha ascendido a 4.584, entre las que destacan las 1.472 en el sector de frutas y hortalizas, las 944 del lácteo, las 895 vinculadas al sector vitivinícola, las 595 al oleícola y las 417 del cárnico.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha recordado que las «buenas relaciones» de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario. «En una cadena de valor equilibrada todos los agentes deben obtener un valor que remunere su aportación, particularmente los productores primarios a los que la ley reconoce como parte más débil», ha señalado. En este contexto, ha recalcado que la AICA juega un «papel clave», por lo que es una prioridad para Agricultura reforzar su funcionamiento con el incremento presupuestario aprobado para 2021 y con un plan de incorporación de personal técnico.