Los fondos europeos de recuperación de la crisis del coronavirus se empiezan a materializar. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha anunciado esta mañana que a Castilla-La Mancha le corresponden 125,7 millones de euros para el área de cuidados hasta 2023. De esta forma la región se lleva casi un 14% de los 910 millones que tenía para repartir el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Estos fondos se distribuirán año a año, con una primera partida prevista de casi 35 millones ya para 2021, que subirá a los 43 millones el año que viene y casi a los 48 para 2023. En cuanto a las inversiones que se van a poder hacer, la consejera las agrupó en seis tipos de proyectos.

El más ambicioso es el que busca la "transformación del modelo residencial", con 77 millones de euros, más de la mitad del lote. García explicó que se destinará a remodelar residencias, pero también a construir nuevos centros residenciales y también de día. "Tenemos que acercarlos más a las zonas rurales", explicó, "y que todas las personas que vivan en pueblos donde no haya centro residencial, lo tengan a unos kilómetros no muy alejados de su municipio".

Habrá 12 millones para reforzar el sistema del telecuidado. García señaló que quiere darle una vuelta a la teleasistencia, para que pase a ser más proactiva y "adelantarnos a las necesidades de los mayores". En este caso se busca que las personas puedan seguir viviendo de manera independiente en sus casas, pero "con sensación de seguridad y combatir la soledad y el aislamiento".

Para modernizar y agilizar el sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia se destinarán 8 millones de euros. Es una inversión tecnológica y se utilizará para comprar equipos y automatizar procesos como los trámites de subvenciones, por ejemplo. 

La misma cuantía, ocho millones, será la que se distribuirá a los ayuntamientos para hacer más accesibles los espacios públicos, no solo desde el punto de vista de las barreras físicas, sino también de las sensoriales y cognitivas.

Se dedicarán doce millones de euros a una serie de proyectos pilotos entre los que figuran la capacitación en competencias digitales para población vulnerable, el cuidado de personas en su entorno rural o la creación de un "centro virtual para la vida de independencia" para aquellos jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, para "acompañarlos y asesorarlos" en su proyecto de vida.

Por último, habrá otra partida de doce millones para las infraestructuras de los centros residenciales de menores y para potenciar el acogimiento familiar.