Este titular no es una ocurrencia desbordada del cronista. El Tribunal Supremo lo ha dejado claro: no hay una sola razón para indultar a los golpistas de Cataluña. Por tanto, si al fin el Gobierno de Pedro Sánchez procede a perdonar al grupo de sediciosos (penados por este delito) que protagonizaron en 2017 un auténtico levantamiento doloso contra el Estado, o sea, un golpe en toda regla, Sánchez y su gabinete habrán respondido a aquel golpe con este otro: el de aliviar, contra todas las luces de la razón jurídica, a unos individuos que perpetraron aquella alteración inconstitucional y que, no contentos con ello, vienen reafirmando su interés por una nueva comisión del delito por el que ya fueron condenados por el Supremo. No son especulaciones; no, incluso durante la vista del juicio, alguno de los entonces procesados, Junqueras por ejemplo, anunciaron, sin ambages, tranquilos y felices como si estuvieran glosando un premio, que no solo no estaban arrepentidos, sino que se disponían a volver a las andadas en cuanto estuvieran en condiciones de ser libres. Sánchez, con su reiteración, ha situado al Supremo y a la Fiscalía en el rango de los revanchistas, de los vengativos que denuncian el indulto.

Sánchez, claramente, anima a los sediciosos a promover otra iniciativa como la de hace cuatro años. Les va a ofrecer muy próximamente esa posibilidad. Antes proclamó que cumplirían sus penas hasta el final. Otra mentira, otro incumplimiento. Ahora, les va a conceder el indulto sin que ninguna condición, según ha sentenciado el Supremo, se cumpla en ellos: ni han pedido, ni lo van a pedir, perdón por la comisión de aquel golpe, ni han solicitado humildemente el indulto, ni han descartado, como se ve, que no ensayen otra vez la jugada de perpetrar otra invasión institucional como la de entonces. De nuevo en libertad intentarán, como ya lo ha anunciado el nuevo presidente de la Generalidad, Pedro Aragonès, soliviantar el orden que marca la Constitución declarando la independencia de una parte básica de España: Cataluña. Y todo esto contando con el beneplácito de Sánchez que, en breves días tomará, además, todas estas decisiones: reunirse en una mesa de diálogo, de Estado a Estado, con la Generalidad para avanzar en lo que él mismo denomina «la solución del conflicto», aprobar en Consejo de Ministros el indulto individualizado, no colectivo, de todos y cada uno de los sediciosos, despojar al Código Penal incluso de los delitos de rebelión y sedición, y pactar con los secesionista una remoción de la ley del referéndum que permita a los independentistas separarse legalmente de España. Ni más, ni menos.

Todo esto en contra de la opinión del Supremo, que no acepta los indultos, y, encima, obligando al jefe del Estado, al Rey de España, Felipe VI, a refrendar con su firma, la concesión de esas medidas de gracia. Durante toda esta semana que estamos culminando, se ha inaugurado el debate sobre si nuestro Monarca puede, llegado el caso, negarse a suscribir la postura de su Gobierno. Bien: no hay nada que hacer. El Rey, como le ha tocado hacer con la Ley de la Eutanasia (tengo para mí que le desagradaba en extremo) no puede esquivar la imperiosidad de estampar con su aquiescencia un texto absolutamente improcedente. No creo, sin embargo, descubrir demasiados secretos de Estado si afirmo que Felipe VI ha comunicado en estas pasadas fechas a su presidente (recabo este adjetivo posesivo) la inconveniencia de promover los indultos. Por tres razones: la primera, porque es frontalmente opuesta a la posición del Supremo, la segunda, porque es un refrendo a la alteración legal que promovieron los golpistas, la tercera, porque abre la espita de una modificación jurídica que permitirá rápidamente indultos a la carta con desprecio a las actuales condiciones hoy requeridas. Aún existe otro argumento que el Rey puede estar manejando para convencer -cosa imposible- a Sánchez de la impropiedad de la escandalosa determinación que va a proclamar en muy poco tiempo. Es la razón de Estado.

Seguir en el poder

Sánchez escuchará los reparos del Rey al indulto con escasísima atención porque su desmedida egolatría no le permite mayores concesiones, pero ni siquiera tomará nota y obligará a Felipe VI, por la vía de los hechos, a hacerse partícipe incluso de la que podríamos denominar, con toda justeza según varios juristas, una importante prevaricación, consistente en el hecho de apoyar una medida solemnemente injusta. Algo que no tiene antecedentes próximos en nuestra historia jurídica. Lo que se dispone a perpetrar Sánchez es -ya lo hemos escrito líneas arriba- un auténtico golpe de Estado a favor de los golpistas. No tiene una sola razón decente para apoyar su posición, únicamente una ya resabida: la de seguir contando con los escaños de los partidos separatistas para continuar sentado en la poltrona de la Moncloa. Rufián lo ha dicho claro: «Sánchez no tiene voluntad de pactar con nosotros, sino necesidad». Vende Sánchez a España, tritura todas las instituciones democráticas por su único objetivo: continuar gobernando. Una brutal indignidad que el presente no va a castigar en toda su crudeza, pero que dejará a este sujeto tras la estela de los dirigentes más abyectos de nuestra Historia, Fernando VII, el Rey felón, sin ir más lejos.

En estas nos encontramos. Esta es una España viciada en la que son los golpistas los que imponen sus motivos. Resultaba patético escuchar el pasado lunes al ministro de Justicia, al desventurado juez Campos, justificar su golpe a favor de los golpistas con un verbo tan inadecuado como éste, «naturalizar», es decir, dotar de carta de naturaleza a la instalación de un delito. En realidad, lo que ha hecho este desventurado ministro al servicio de su insólito personaje es advertir a los españoles de que aquí, con este Gobierno en liza, todo es posible, hasta barrenar el Estado de Derecho en pro de la conveniencia individual de un sujeto. ¿Cómo pedir a los ciudadanos que respeten y se atengan a las leyes si sus gobernantes las transgreden, las cambian y las dinamitan en provecho propio? Puestas las cosas en esa tesitura, lo procedente es no solo expulsar del poder en las urnas al protagonista de tanta vileza, sino conducirle a los tribunales. Algo que, ya les aviso, hará la oposición, el PP y Vox, cuando se cumplimente lo que resulta ya inevitable: la gracia a los golpistas que quisieron terminar con España.