Tras un fin de semana de intensas negociaciones y justo el día en el que se cumplían tres meses desde que se celebraran las elecciones autonómicas en Cataluña, ERC y Junts anunciaban ayer un acuerdo para formar Govern y para que Pere Aragonès sea el próximo presidente de la Generalitat. Las diferencias entre ambas formaciones habían hecho encallar el posible pacto, pero parece que, pese a las fuertes presiones y a las críticas que había desde dentro de su propio partido, el secretario general de Junts y emisario de Puigdemont, encarcelado en su día por el procés, Jordi Sànchez, ha sido clave para impulsar la entente, salvar los vetos de la CUP y evitar volver a las urnas.
Cataluña lleva años viviendo una crispación política y social continua. Los partidarios de la secesión han volcado todos sus redundantes esfuerzos en tratar de alcanzar la independencia a cualquier precio, dejando de lado aspectos fundamentales para la ciudadanía y agrandando cada vez más la fractura con los constitucionalistas. El pacto entre ERC y Junts, que muchos como el candidato socialista y vencedor de los últimos comicios, Salvador Illa, consideran que está condenado al fracaso, parece que va a continuar por la misma línea, ya que, como ambos constataron, su objetivo es seguir avanzando en el camino hacia la independencia. Sería un error mayúsculo que este Ejecutivo de coalición dé de nuevo la espalda a la mitad de la población e insista en una vía unilateral que ha provocado inquietud, numerosas dudas en los inversores extranjeros y el éxodo de más de 7.000 empresas desde que arrancase el procés, aupando a Madrid como la región que más PIB genera.
ERC, socio del Gobierno central, aunque en su última intervención Rufián quiso escenificar su distanciamiento con Pedro Sánchez, va a llevar la voz cantante y, además de la Presidencia, se queda con el control de Interior y, en definitiva, de los Mossos d’esquadra, así como con las carteras de Agricultura y Acción Climática, Feminismo e Igualdad, Empresa y Trabajo, y Cultura. Mientras, Junts, que tendrá las mismas consejerías que su socio, consigue salvar cerca de 200 asesores y altos cargos gracias al acuerdo y será quien gestione los fondos europeos que lleguen a la región. Por su parte, la CUP no entrara a formar parte del Ejecutivo, pero ha exigido que se respeten los acuerdos que ha cerrado con los republicanos.
Cataluña afrontará los próximos cuatro años con un Ejecutivo de coalición que ideológicamente se asemeja a la mezcla del aceite con el agua, y que reúne todo para continuar por una senda que en su día marcó Puigdemont y por la que continuó Torra, centrando todos sus esfuerzos en alcanzar una quimera que el Gobierno central debe controlar desde el mismo momento en el que Aragonès tome posesión. Diálogo sí, pero con unas líneas rojas perfectamente delimitadas por la Constitución y que por nada se puedan sortear.