El Consejo General del Poder Judicial acaba de cumplir cuatro años con su mandato caducado. Un récord nunca alcanzado en otras instituciones del Estado. Hoy que se cumple el aniversario de la aprobación de la Constitución, la anomalía que se registra en el órgano de gobierno de los jueces ocupará un lugar destacado en algunos discursos -otros lo obviarán- porque su situación es manifiestamente inconstitucional.
La tentación en estos casos es optar por la equidistancia a la hora de repartir las responsabilidades por el bloqueo de las negociaciones. Pero un somero repaso por el periplo de estos cuatro años de tira y afloja, con puntos de inflexión cuando el acuerdo estaba a punto de ser firmado, indican que ha sido el PP quien se ha echado para atrás en el último momento. La última, retransmitida en directo, hay que atribuírsela a la falta de decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las presiones de la derecha política -Díaz Ayuso- y mediática. Pero antes hubo algún momento chusco como el reconocimiento de que este partido pretendía controlar la Sala Segunda del Supremo ¨por la puerta de atrás¨, a los que añadir un sinnúmero de excusas que denotan la ausencia de voluntad política, sin que haya servido para revertir el bloqueo la modificación de la ley para que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos y haya Salas del Supremo al borde del colapso y con el trabajo retrasado.
Si el PP ha aguantado cuatro años sin renovar el CGPJ no hay ningún indicio que muestre que no pueda aguantar otro año más, con la excusa de que el PSOE pretende una mayor politización de la justicia -como si no hubiera intención política en mantener la composición actual de mayoría conservadora-, hasta qué se celebren las elecciones de dentro de un año, en las que se supone que se producirá el sorpasso de la coalición de derechas a la coalición de izquierdas, y se podrá volver a nombrar otro CGPJ con mayoría conservadora, se supone que después de cambiar el sistema de elección de sus vocales, para que los jueces elijan a los jueces que es lo que proponen, y acabar con el sistema actual de intervención parlamentaria, aunque en otras ocasiones que pudieron hacerlo no lo hicieron..
Porque si en lo que queda de año el PP cede a la presión y se produce la renovación y, en efecto, el PP gana las elecciones, los populares pasarían su primera legislatura, dado que el mandato de los vocales del CGPJ es para cinco años, con un órgano de gobierno de los jueces de mayoría progresista y nadie mejor que ellos saben lo que eso supone. Porque no hay constancia de que en este tiempo el CGPJ de mayoría conservadora haya realizado un informe favorable a las leyes del Gobierno, aunque en algún caso, como en el de la ley del solo sí es sí, sus advertencias se hayan mostrado acertadas.
La última derivada de la falta de renovación del CGPJ es el retraso en el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal que le corresponde para proceder a la renovación pendiente por tercios en una rebeldía a cumplir la ley que es uno de los paradigmas de la politización de la justicia.