Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que, para decidir sobre los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición va a tener muy presentes "valores constitucionales como la concordia, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró al conjunto de la sociedad española en 2017... y no otros como la venganza o la revancha". Y que hay que contemplar todo este proceso "con naturalidad".

El Estado puede ser generoso con quienes han violado la ley, incluso cuando lo han hecho de forma dolosa, siempre que haya una razón de fondo que lo justifique. El presidente hace bien en hablar de valores como la concordia, que fue la base más sólida de la Constitución del 78, pero no puede obviar otros valores como la justicia y su independencia, que son la gran medida de solidez de un Estado de Derecho. Y hablar de "venganza o revancha" es un insulto a todos los ciudadanos que cumplen la ley, respetan y acatan las decisiones de los tribunales y cumplen las penas impuestas cuando han cometido un delito.

Los indultos, al igual que los decretos ley, deben usarse siempre como métodos excepcionales y deben estar justificados de forma transparente, tanto en su fondo como en su urgencia. Este Gobierno, más aún que los anteriores, está abusando de gobernar saltándose el Parlamento siempre que puede y va a saltarse lo que ha dicho ya el Tribunal Supremo y lo que previsiblemente ratificará en unos pocos días el máximo órgano judicial español respecto a los indultos.

Hay que buscar una salida al problema creado por los independentistas catalanes, pero no puede hacerse poniendo de rodillas a la Justicia. Hay que hacerlo con generosidad, pero hay que pedírsela a las dos partes. Y no parece que el nuevo Gobierno catalán, con un presidente tutelado desde fuera y desde dentro, que ha ratificado su lucha por la autodeterminación y la independencia, haya hecho un gesto de concordia cuando ha incluido en su Ejecutivo a cuatro encausados por el procés y su primer acto como presidente ha sido una visita a las tres cárceles donde se encuentran los políticos presos por intentar un golpe de Estado.

Una medida tan extraordinaria como los indultos a estos ciudadanos, que ya han gozado de medidas extraordinarias que no reciben otros presos con delitos mucho menos graves, tiene que ser transparente, debatida y acordada por una mayoría cualificada y con el compromiso de los indultados de no reincidir, acatar la Constitución y las leyes y dialogar dentro del marco constitucional. ¿Firmarán los políticos catalanes presos por sedición esos "principios de concordia" sin ánimo "de venganza o revancha"? ¿Por qué lo que se exige a sí mismo el Estado a través del presidente del Gobierno, no se debe exigir al presidente de la Generalitat, representante del Estado en Cataluña, a los partidos que conforman su Gobierno y a los que están representados en el Parlamento catalán?

Una vez indultados, con "naturalidad" como nos pide que lo veamos Pedro Sánchez, ¿se convocará la Mesa para el Diálogo con la autodeterminación y la amnistía como temas centrales? El principal socio del Gobierno de Sánchez ya se ha pronunciado a favor del "referéndum negociado". ¿También se pondrá sobre la mesa por razones "de concordia"? ¿Primará el "interés general", también aducido por el presidente, o la necesidad de asegurarse el apoyo de ERC para mantenerse en el poder? La seguridad jurídica y el prestigio de nuestra maltrecha Justicia están sufriendo un nuevo desgarro en España y, en este caso, quien lo está provocando es nada menos que el presidente del Gobierno. Con toda "naturalidad" y con espíritu de "concordia". Es la única manera que tiene de asegurar una legislatura larga.