Parece que, por fin, la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP que desbloquee la renovación de los principales órganos constitucionales va por buen camino. Solo Pablo Iglesias podría dar al traste con un pacto imprescindible para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o la dirección de RTVE.

Sobre todo en el primer caso, el órgano de gobierno de los jueves, la decisión no admite más demora si no se quiere poner en entredicho la separación de poderes que, en una democracia consolidada como la española (diga lo que diga el líder de Podemos), es inadmisible. Bruselas ya ha dado un toque de atención al Ejecutivo sobre la reforma que pretende llevar al Parlamento para modificar las funciones del Poder Judicial. Es verdad que la iniciativa sonaba más a un regate político para presionar a los populares a cerrar el pacto, pero ahí queda la advertencia.

Hasta ahora ha sido la dirección del PP, por sus problemas internos, la que ha dado marcha atrás a acuerdos que estaban a punto de firma. La primera intentona se produjo en 2019 cuando el nombre del excelente jurista Manuel Marchena, recibió el apoyo de ambos partidos para presidir el Consejo. La intolerable verborrea del senador Cosidó obligó al candidato a renunciar a "tan alto honor" y se acabó el acuerdo. El juicio del procés, presidido por Marchena en el Tribunal Supremo, demostró después cómo las torpezas políticas apartan a los mejores de puestos claves en las instituciones del Estado.

La segunda intentona se frustró cuando la diputada popular Cayetana Álvarez del Toledo, apartada de su cargo de portavoz parlamentaria, soltó en una entrevista en la que ajustó cuentas con su partido, que el acuerdo estaba cerrado. Ahora en la todavía sede del PP en la calle de Génova no saben que hacer con esta díscola militante que siempre fue por libre.

Pero no solo se trata de reformar el órgano de la judicatura. La institución del Defensor del Pueblo, donde Francisco Fernández Marugán lleva en funciones desde el 20 de julio de 2017, no admite más demoras. Es impresentable que un mandato constitucional pueda obviarse durante tres años y medio. Salvo que se haya perdido el respeto por los órganos fiscalizadores de la labor del Ejecutivo en cuyo caso se estaría dando la razón a Pablo Iglesias, cuando proclama la pobreza democrática del país del que es vicepresidente.

También parece haber acuerdo sobre la renovación del RTVE, que no afectaría sólo a los miembros de su consejo de administración, sino a los nombres de los máximos dirigentes de la corporación pública. Pese al interés de todos los partidos, absolutamente todos, por controlar la radio y la televisión financiada con los impuestos de la ciudadanía, el Congreso de los Diputados ha dejado aparcada la selección de los candidatos a presidir el ente con una falta de interés que quién diría que son inocentes del permanente intento de entrometerse en la tele pública.

En este último punto del pacto es donde Iglesias va a poner mayor hincapié en tener voz y voto. Hace ya tiempo que declaró su interés por llegar a ser vicepresidente del Gobierno (aspiración lograda) y de tener bajo su mando el CNI y RTVE...