La violencia se ha adueñado del corazón de las dos principales ciudades españolas. Una oleada de bárbaros encapuchados pegan fuego al centro de Madrid y Barcelona, noche tras noche, mientras destrozan mobiliario urbano, comercios, escaparates y masacran policías, a los que se les ha dado orden de actuar con mesura. En Cataluña, casi ni eso. La consejería de Interior la dirige un individuo que, lejos de defender a los Mossos, solo habla de la ‘libertad de expresión’, como si tal asunto estuviera en riesgo en nuestro país.
Tres días tardó Pedro Sánchez en aparecer para condenar, en forma casi elíptica, estos episodios intolerables y, de paso, en manosear asimismo el tópico de la libertad de expresión. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, forzado a comparecer en el Congreso después de tres meses de ausencia clamorosa ante la comisión de su negociado, también deslizó algunas palabras de respaldo a sus policías, casi como si pidiera perdón por semejante exceso.
Lo más grave de cuanto está sucediendo es que hay un sector del Gobierno que jalea y alienta estos episodios, delictivos, rechazables y condenables. Los voceros de Podemos se han mostrado, no solo complacientes, sino plenamente identificados con esta apoteosis de la barbarie que lamina las principales arterias de nuestras ciudades. La excusa es la protesta por la condena y prisión de un agitador con glorioso pasado por hostigar testigos, agredir periodistas y otras lindezas.
Este Hasel es la coartada de las bestias. El meollo de la cuestión es que Podemos pretende demostrar, o así lo parece, su fuerza en las calles, su capacidad de convocatoria sobre las hornadas juveniles de la tea y el adoquín. Un aviso para que tome note quien deba hacerlo. Una amenaza que quizás sea el anticipo de tiempos futuros, cuando la coalición del Gobierno, inevitablemente, se fracture.