Las leyes están para cumplirlas y también para cambiarlas, si la realidad social lo exige. Lo que no están es para modificarlas por intereses políticos coyunturales. Y mucho menos, claro, para que Sánchez aguante en el poder otra larga temporada. 
En nuestra reciente historia democrática hay numerosos ejemplos de reformas legislativas, propiciadas muchas de ellas por la incorporación a la Unión Europea. Como Sánchez no tiene constancia de ello y piensa que sigue vigente el mismo Código Penal de hace 200 años (así lo manifestó en LaSexta), habrá que recordarle que el actual entró en vigor el 24 de mayo de 1996. También habrá que recordarle que los delitos de sedición y malversación están tipificados y correctamente planteados por los legisladores como castigo para golpistas y corruptos de distinto pelaje. 
Si cabía alguna duda sobre la iniciativa del Gobierno para rebajar las penas por delito de sedición, y si algún ingenuo había llegado a pensar que en el delito de malversación no está justificado introducir la atenuante del malversador que no se queda con dinero público en su bolsillo, sino que lo reparte entre quienes le ayudan a ganar elecciones, la contrastada clarividencia y lucidez de Gabriel Rufián le ayudará a comprender mejor el trasfondo de la iniciativa sanchista. 
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) -político sosegado, nada sectario y de gran formación jurídica- vino a decir que a los sediciosos independentistas habría que indemnizarlos y derogar después el delito de malversación, pero sólo para los acusados de haber desviado dinero público a las distintas iniciativas encaminadas a lograr la independencia de Cataluña. 
Han tenido que llegar a la política española personajes de la talla del susodicho Rufián, de la catadura moral de Pablo Echenique -por no decir de la calaña- o de la solvencia jurídica contrastada de Irene Montero para poner en entredicho principios tan elementales como el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Para ellos, incluso también para Sánchez, las leyes tienen que adaptarse a sus intereses. El vacío moral es ya tan grande en la vida pública que los ataques a nuestro ordenamiento jurídico y a los encargados de aplicar justicia están incluso bien vistos. Se ha convertido en algo recurrente dentro del actual panorama en el que nos encontramos.
Sólo desde la ignorancia pueden aprobarse leyes que no superan la prueba de elementales técnicas jurídicas y que generan dificultades a la hora de aplicarlas. Sólo desde el analfabetismo y la prepotencia sectaria pueden imponerse criterios que incumplen una de las máximas del estado de Derecho: la racionalidad y la igualdad ante la ley. A Irene Montero, tan sobrada y tan ultrafeminista, no hubo manera de convencerla de los errores que tenía la ley del «Solo si es sí», al despreciar el contenido de otras normas vigentes sobre violaciones y agresiones sexuales.
Pero lo más grave de todo esto es que un presidente de Gobierno, para complacer a quienes le mantienen en el poder, pone en peligro la seguridad y la estabilidad de nuestro sistema democrático. Primero fue el indulto a los condenados por el procès, ahora la rehabilitación a través de la reforma del delito de sedición y pronto la derogación parcial del delito de malversación…
Falta la guinda del referéndum de independencia, hecho a la medida de quienes cobran y trabajan para romper la unidad de España.