Tajante y explícito ha sido el informe del Tribunal Supremo sobre el posible indulto a los responsables del golpe a la Constitución perpetrado hace casi cuatro años en Cataluña. No ha lugar a tal medida de gracia por numerosas razones. Particularmente, por el empeño de los condenados en no arrepentirse y en insistir con vehemencia en que lo volverán a hacer.
Pese a tan clara posición de la Justicia, parece que el Gobierno se dispone a seguir adelante con su propósito de concretar los indultos. Así se entienden las referencias de Pedro Sánchez a que ‘la venganza y la revancha’ no entran en el espíritu de la Constitución.
Confunde el jefe del Ejecutivo el estricto desempeño de la Justicia y el respeto al ordenamiento jurídico con unas intenciones que tan sólo entran en su imaginación. Atribuirle a los jueces un afán de ‘venganza’ oculta la voluntad de desarbolar sus decisiones y, por ende, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, cual es el de la Justicia.
Seguir adelante con la idea de propiciar el indulto -prerrogativa exclusiva del Gobierno- implica serios riesgos para el futuro político de Sánchez y su partido. Los sondeos conocidos hasta ahora muestran claramente el rechazo mayoritario de la sociedad española a esta medida de gracia, que no suele concederse sin el requisito previo de arrepentimiento y sin el aval del tribunal sancionador.
Parece Sánchez dispuesto a, pese a todo, llevar adelante sus planes. Una idea llena de riesgos, pese a que el presidente del Gobierno es de la opinión de que dentro de dos años, cuando las próximas elecciones generales, la gente ya se habrá olvidado de tal asunto. Quizás se equivoque. Es muy posible que, en su desconexión palmaria de la sociedad española,  esté jugando con fuego.