La ofensiva desatada desde el Gobierno contra el Tribunal Constitucional a causa de la resolución sobre la falta de idoneidad del estado de alarma para combatir la pandemia está resultando no sólo inaceptable sino, sencillamente, alarmante. Los reproches emitidos desde el Ejecutivo van más allá de la disparidad de opinión hacia una postura de un Tribunal, algo legítimamente atendible, sino que se convierte en un ataque, coordinado y cerril, contra el garante final de la aplicación de normas y leyes. En suma, una arremetida frontal contra el Estado de derecho.
Muy preocupantes algunas de las manifestaciones  que se han escuchado estos días. En especial, el montaje que se organizó en torno a la nueva ministra de Justicia que compareció desde Moncloa en singular escenografía, sin medios ni preguntas, para emitir una declaración que asemejaba a las protagonizadas por un primer ministro o un jefe del Estado. Un disparate que evidencia el desconcierto que ha provocado el fallo del TC en el Ejecutivo. También se han escuchado desde el Consejo de Ministros críticas a la ‘falta de sentido de Estado’ de la decisión del Tribunal, es decir, que cuando los magistrados no coinciden con los intereses del Estado, están poco menos que prevaricando.
El Gobierno de Sánchez, pese a que también ahora, tras el relevo, cuenta con tres jueces en su seno, no ha mostrado jamás respeto alguno por el Poder Judicial, pilar fundamental del edificio democrático. El nombramiento, en horas veinticuatro, de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado es la muestra palpable de la forma de actuar de Sánchez, muy poco convencido de la necesidad de atender un principio insoslayable como es la división de poderes que caracteriza a cualquier realidad democrática.
No debió aplicarse el estado de alarma para contener la pandemia, para confinar a la sociedad, para hacer frente al problema sanitario que afrontaba y afronta España. El TC pone de manifiesto que había otras fórmulas más adecuadas, en especial el estado de excepción, para actuar conforme a los dictados de la Carta Magna. Por razones políticas obvias (sus socios separatistas no admitirían tal procedimiento) Sánchez lo evitó, e incurrió en esta iniciativa irregular, severa e ilegal, dado que tuvo secuestrada a una nación durante semanas en contra de lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico, asunto que ahora le reprocha el TC. 
Cierto que también el TC es merecedor de reproche ya que pronunciarse sobre tan crucial decisión un año después de adoptada resulta, más que un retraso imperdonable, casi una burla. O, cuanto menos, un gesto sensiblemente inútil.