La primera cuestión a resolver es si la sociedad española en su conjunto y la vasca en particular se encuentra ahora mejor que hace diez años, cuando ETA anunció su disolución, o incluso antes, desde que decidió que dejaba de matar, por una conjunción de factores relacionados con la voluntad política de acabar con el terrorismo, con instrucciones precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no actúan de forma autónoma, con la búsqueda de la complicidad internacional y la labor de los jueces, al tiempo que la sociedad se mostraba cada vez más resistente frente a todas las formas de terrorismo y la banda de delincuentes comenzaba a asumir su derrota y preparaba la rendición.
Cuando una sociedad y un Gobierno se enfrentan a un problema de terrorismo, como era el caso de ETA, y no digamos si se trata de un enfrentamiento entre guerrillas y ejércitos, la primera obligación de los representantes políticos es tratar de acabar con las muertes y cualquier manifestación de violencia, porque solo de esa manera se puede comenzar a abordar el resto de los problemas que ha originado. No las causas que pueden tener origen histórico, social o mítico, sino sus consecuencias, la reparación del daño causado, la asunción de la ineficacia de sus acciones y la petición de perdón a las víctimas, que requieren de reparación, verdad y justicia. Porque solo así se les puede pedir una actitud generosa, para evitar que nadie vuelva a pasar por el trance que ellas pasaron. Así lo entendieron todos los partidos constitucionalistas en un tiempo ya muy lejano cuando la prioridad a cualquier precio era que ETA dejara de matar.
Desde el otro mundo, el de aquellos que han justificado el terrorismo y aún son los herederos políticos de aquella etapa que en un momento apoyaron y que en otro ayudaron a deslegitimar -aunque a veces cueste aceptarlo- se tiene que seguir dando pasos hacia un reconocimiento total y sin matices de la inutilidad de los años de plomo junto a la petición de perdón sin ambivalencias ni imposturas.
Una impostura que también puede haberse dado por parte de aquellos que afirmaban que el gobierno traicionaba a los muertos cuando había iniciado el proceso de negociación con ETA para acabar con el terrorismo y del que tenían perfecto conocimiento, según una información publicada por el diario El Mundo, en la que se afirma que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantenía informado al líder de la oposición, Mariano Rajoy, a través de otros de los principales dirigentes del PP, pero que no dejó de utilizar el terrorismo como baza de desgaste al Ejecutivo y con un interés partidista, para lo que no dudó en utilizar a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Es lógico que estas vean con recelo y no acepten ningún gesto que proceda del mundo etarra o sus proximidades, aunque no todas ellas mantengan la misma actitud, y que teman una excarcelación por la puerta de atrás de los etarras condenados -como intentó la Generalitat con los presos del procés-, cuando el gobierno vasco asuma la competencia sobre las prisiones de su territorio -para impedirlo están los jueces de vigilancia penitenciaria-. Y para evitar el olvido o la mistificación de la violencia identitaria cuentan con el reconocimiento generalizado de su aplastante verdad.