Primero fueron espiados los independentistas -necesitados de una noticia que les devolviera el protagonismo perdido- y luego el mismísimo presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. El espionaje telefónico, a través de Pegasus, no hace distinciones entre quienes vulneran la Constitución y quienes tienen la obligación de defenderla. 
En este puzzle de espías informáticos hay muchas piezas que no encajan. Pero la más importante de todas es que seguimos sin saber quién utilizó Pegasus para meterse en los móviles, y quiénes eran los «beneficiarios» de la información extraída de los mismos. Y, por mucho que los espías se muevan en la sombra, tampoco se explica que los teléfonos del Sánchez y Margarita Robles fueran intervenidos hace ya un año, sin que nadie lo detectara, hasta que se convocó de manera apresurada la rueda de prensa del último Dos de Mayo.
En la actual coyuntura política, cualquier especulación es válida. Han sido tantas y tan graves las mentiras y patrañas que hemos visto en estos últimos años que resulta difícil aceptar como buenas las explicaciones oficiales. Es tal la desconfianza de los ciudadanos en sus gobernantes que cualquier suspicacia sobre esta trama de espías está más que justificada. Sin embargo, conviene establecer algunas diferencias: no es lo mismo espiar a quienes atentan contra nuestro ordenamiento jurídico que espiar a quienes tienen la obligación de salvaguardarlo. 
No quiero ni imaginarme las sorpresas que se habrán llevado los encargados de escuchar las conversaciones telefónicas de Sánchez, ni los sobresaltos de los espías con las disertaciones de Puigdemont y Oriol Junqueras sobre sus nuevas estrategias de lucha contra «la España que nos roba». ¡Lo que habrán disfrutado los encargados de procesar esa información y esos diálogos!
El instinto de supervivencia de Sánchez está por encima de estos escándalos de espías, agitados por los mismos independentistas que hacen posible que siga gobernando. Es más, al presidente ni siquiera le preocupa ya el descrédito y el daño que hace esta película de espías a nuestro servicio de inteligencia. Por delante del CNI y de su directora están él y sus circunstancias. Y por encima de sus circunstancias no hay amistades, ni lealtades que valgan.
Cuando escribo estas líneas, la directora del CNI, Paz Esteban, parece tener los días contados. La máxima responsable de nuestro Centro Nacional de Inteligencia se perfila como la primera pieza que Sánchez deberá entregar a sus socios de legislatura. El problema es que no se conforman con su cabeza. Piden también la de Margarita Robles, por haber osado defender al CNI y proclamar en sede parlamentaria las razones que avalan a los servicios secretos del Estado a la hora de detectar ataques contra la Constitución y las instituciones democráticas. 
Hay otro elemento fundamental de esta mala película de espías que conviene tener en cuenta: la seguridad de un país está por encima de los intereses políticos coyunturales. Con todo lo que está cayendo y con las distintas crisis que llevamos soportando los españoles desde hace más de dos años, lo último que se le podía ocurrir al presidente del Gobierno es cuestionar nuestra propia seguridad y utilizar una brecha del CNI como argumento de defensa para contentar a sus socios de legislatura.
Pero, tratándose de Sánchez, todo es posible. Incluso que se espíe él a sí mismo.