Desde el inicio de la legislatura en enero de 2020, el Gabinete de Pedro Sánchez ha transferido un total de 21 competencias a nueve comunidades autónomas, con unos claros favoritos: sus socios vascos. Y es que, ocho del total de las concesiones del Gobierno central han ido para Euskadi, lo que supone casi el 40 por ciento de todos los traspasos, frente a una decena de regiones que no han conseguido ninguna competencia desde que se puso en marcha este Ejecutivo.

En concreto, el País Vasco ha asumido desde entonces materias tan importantes, a la par que controvertidas, como Instituciones Penitenciarias. El Gobierno de Íñigo Urkullu también se ha hecho cargo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Transporte por carretera o las prestaciones sanitarias del seguro escolar, entre otras.

El resto de traspasos a la autonomía vasca son las ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas trabajadoras afectadas por EREs, la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.

Y mientras Euskadi acapara concesiones para el autogobierno en estos últimos años, el otro lado de la moneda lo ocupan ocho regiones y dos ciudades autónomas que no han asumido ningún traspaso desde la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pese a que el Ministerio de Política Territorial asegura haber acercado posturas con alguna de ellas.

A pesar de ello, el País Vasco no ha sido el territorio más beneficiado desde que España entró en democracia, si bien destaca el hecho de que la región gobernada por el PNV recibe de media dos competencias anuales desde la llegada del actual Ejecutivo, mientras que antes obtenían una cada tres años. Un dato que no llama tanto la atención, teniendo en cuenta que los de Urkullu se han convertido en un socio habitual de Sánchez para sacar adelante varios proyectos.

Por ello, no resulta sorprendente que la segunda región que más concesiones ha conseguido en estos últimos años haya sido otra aliada para el Gobierno, la Comunidad Valenciana, con tres nuevos traspasos: la ampliación de los medios patrimoniales en materia de conservación de la naturaleza; la ampliación de los medios patrimoniales en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y vivienda y la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos.

En tercer lugar se encuentra Cataluña, que en esta legislatura ha asumido dos competencias, la ampliación de la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos. En su caso, el Ejecutivo central sigue negociando con la Generalitat para materializar otras transferencias como la de la gestión de becas, el Ingreso Mínimo Vital y edificios públicos del Estado.

El último traspaso que se acaba de materializar ha sido con Baleares, el de la competencia de Costas, concesión que también se ha producido en el último año con Canarias. Además, los archipiélagos también han asumido durante estos años la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos.

Este traspaso en materia tributaria sobre el nuevo impuesto también ha sido cedido a los territorios de Galicia y Andalucía, mientras que en la Comunidad de Madrid se materializó la transferencia de medios en materia de asistencia sanitaria. Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra recibió en septiembre de 2021 las llaves de la sanidad penitenciaria, una gestión ya implantada en el País Vasco desde hace varios años.

Más de 2.000 desde 1978

Según cifras del Ministerio de Política Territorial, desde 1978 hasta el año pasado, se han producido un total de 2.008 traspasos, siendo Cataluña la más beneficiada de estas transferencias, habiendo asumido un total de 190. 

Le sigue Andalucía, con 155 traspasos; Galicia, con 154 cesiones; Comunidad Valenciana, con 134, y País Vasco, con 117.