Se veía venir que se iba a liar por la Ley de Agricultura Familiar en las Cortes. En concreto, por los artículos que tienen que ver sobre la declaración de parcelas como suelo infrautilizado con las que crear un banco de tierras. «Esta ley lo que deberían hacer es devolverla a la Consejería», espetó Elena Jaime, la diputada de Ciudadanos. «Es para echar a los corrales», incidió el parlamentario del PP, Emilio Bravo. 

La diputada del PSOE tuvo que negar en varias ocasiones que la normativa abra la puerta a un horizonte de expropiaciones, que es lo que teme la oposición. Joaquina Saiz lo negó por activa y por pasiva. «Nos están hablando de temas que saben ustedes que no son verdad, que no se van a hacer expropiaciones de la manera en la que ustedes nos están hablando», expuso. «No estamos hablando de algo ilegal, no habría llegado la ley a estas Cortes si fuera algo así», añadió. «Se respeta la propiedad privada como no puede ser de otra manera», continuó. 

Con todo, desde el PSOE han presentado una enmienda para matizar ese articulado, enmienda que hoy ha salido aprobada en la Comisión de debate de enmiendas y que, por lo tanto, ya se ha incorporado a la ley. «Son enmiendas para dar solución a alguna incertidumbre que se ha creado, que no es real», avanzó Saiz. En concreto, con la modificación aprobada se apunta que la declaración de incumplimiento de la función de uso social «podrá afectar al derecho de propiedad», pero también se incluye que puede afectar «solo al usufructo de la misma». Se rebaja el tiempo máximo de cesión a 25 años y además se ha añadido que se puede suspender si se llega a un acuerdo. «Con esta nueva redacción se dispersan esas dudas», aseguró.

Tras la Comisión de enmiendas solo queda el debate y votación en pleno para aprobar definitivamente la ley. - Foto: Javier PozoDesde la oposición no lo ven tan claro. «¿Con qué sector o agricultor han hablado ustedes que les parezca bien una expropiación forzosa?», le cuestionó Emilio Bravo. El parlamentario del PP insistió en que lo más grave es que esta normativa «deja que la propia Consejería haga lo que quiera sin contar con los propietarios», pero es que además le suma que «no soluciona la regeneración en el campo, ni la falta de rentabilidad y, digan lo que digan, las mujeres tampoco se están incorporando». Todavía queda pendiente un debate en pleno para la aprobación definitiva de la ley. Y Bravo avisa: «Ya hablaremos en el pleno, que tendrá más repercusión para que el sector se entere».