El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que el Gobierno busca «distraer la atención» sobre la okupación en España. Por eso, plantea introducir en la Ley de Vivienda medidas contra este fenómeno ya que, a su juicio, «la necesidad de un hogar no se puede confundir con actividades delictivas», criticando la «indefinición» del Ejecutivo en este asunto.

Así, en la convención sectorial que su partido celebró ayer en Barcelona sobre ocupaciones ilegales, Feijóo lamentó que «demagógicamente» se sugiera añadir «algún artículo» en contra de la okupación en esa nueva Ley de Vivienda. «La okupación no es de derechas ni de izquierdas, es un delito», proclamó, para avisar, además, de que la regulación del alquiler no ha funcionado en ninguna de las ciudades en que se ha aplicado, citando París, Berlín y Barcelona.

El líder de la oposición defendió que hay una cortina de humo para tapar el principal problema de la vivienda, que, según él, es el precio y la falta de accesibilidad para jóvenes y familias. «A una familia sin recursos hay que ayudarla y protegerla siempre, pero a un ocupante ilegal no hay que desahuciarlo, hay que desalojarlo», resaltó.

Frente a ello, reivindicó la proposición de ley del PP contra las okupaciones, que incluye desalojos de 24 horas e inmediatos en caso de atrapar al intruso in fraganti, además de reforzar las penas por delito de usurpación de vivienda, de hasta tres años de cárcel.

La proposición también plantea prohibir la inscripción en el padrón municipal de quienes vivan en edificios ocupados, devolver el IBI y el importe del impuesto de Patrimonio a los propietarios por el tiempo de ocupación del inmueble y reforzar los equipos policiales y los medios de los tribunales.

En este punto, Feijóo advirtió al Gobierno que, cuando esta ley se vote en el Congreso, se van a esclarecer las posturas de los partidos y del propio Ejecutivo, donde cree que hay unos ministros que están «en contra de la ocupación ilegal de viviendas, y otros tibios que no se definen y otros entienden».

Asimismo, señaló que «hay comportamientos de políticos de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la ocupación de vivienda», un problema que asegura que no está entre las prioridades de la Generalitat atender pese a que más de un 40 por ciento de las ocupaciones ilegales son en Cataluña.