El Consejo de Gobierno regional aprobó el pasado 19 de octubre la zonificación por la que se catalogan los distintos territorios de la comunidad autónoma a fin de establecer un criterio para aplicar las desgravaciones fiscales y las ventajas económicas incluidas en la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha.

Este mapa vuelve a poner en evidencia la dolorosa y preocupante situación de despoblamiento que sufre la provincia de Guadalajara. Tanto es así que determina que el 93 por ciento de los municipios guadalajareños se encuentra «en riesgo de extrema despoblación» al registrar una densidad de población inferior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado. En concreto, la zonificación delimitada por el Ejecutivo Autonómico muestra que 267 de las 288 localidades de la provincia alcarreña se sitúan en el estrato más grave de escasez de población, afectando a 52.198 habitantes sobre un total de 261.995, es decir, al 20 por ciento. De este dramático panorama tan sólo se salvan la capital y los municipios ubicados en el Corredor del Henares, los cuales son catalogados por este estudio como «zonas urbanas» o «periurbanas». 

De hecho, según las últimas cifras oficiales del padrón municipal publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con fecha 1 de enero de 2020, el 70 por ciento de la población global de la provincia guadalajareña (183.113 personas) residía en alguno de sus nueve municipios más poblados (la capital, Azuqueca de Henares, Alovera, El Casar, Cabanillas del Campo, Marchamalo, Villanueva de la Torre, Torrejón del Rey y Pioz), todos ellos ubicados en la franja cercana a la Comunidad de Madrid donde se acumula la industria y las empresas de logística. En conjunto, estas nueve localidades ocupan 442 kilómetros cuadrados, es decir, el 3,6 por ciento del territorio global de la provincia. Así las cosas, el 30 por ciento restante de la ciudadanía habita en el 96,4 por ciento de la geografía provincial. Sin duda, se trata de unas cifras que ponen de manifiesto la desigual distribución demográfica que padece la provincia alcarreña y el despoblamiento, cada vez más alarmante, que padecen los pueblos de la Guadalajara rural.  

Sobre esta cuestión incide la secretaria de la sección provincial de la Asociación Serranía Celtibérica, Natalia Díaz, quien recuerda que, aunque las cifras oficiales del INE muestran que la demografía provincial crece en los últimos años, esta tendencia puede crear «una falsa sensación» porque, verdaderamente, «sólo afecta al ocho por ciento del territorio» mientras que el resto «vive una situación de despoblación extrema». Además, Díaz asegura que, en base a los últimos estudios realizados por Pilar Burillo –investigadora de referencia de este colectivo–, cuatro quintas partes del territorio provincial contaba en 2018 con una densidad de población del 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa cifra ahora se encuentra en el 3,9. «Hay que poner el dedo en la llaga porque esta descompensación es un peligro muy grande al que nos enfrentamos en Guadalajara», declara. 

Además, la zonificación aprobada por la Junta pone de manifiesto que Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha más azotada por el fenómeno de la despoblación, seguida por Cuenca y con bastante más diferencia por Albacete, Ciudad Real y Toledo. No obstante, revela que el 78 por ciento de municipios de la región están ubicados en zonas despobladas o en riesgo. Para hacer este mapa se ha mirado la población, la densidad, la evolución del padrón en las dos últimas décadas, el envejecimiento, el uso del suelo, los sectores en los que hay más afiliados o la distancia a capitales o municipios de más de 30.000 habitantes. Precisamente, esta zonificación abre la puerta a la entrada en vigor de las rebajas fiscales y la discriminación positiva en materia de subvenciones que establece la Ley frente a la Despoblación para las localidades de la España Vaciada. 

Líneas de ayudas

Tal y como explicó el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, este trato de favor será obligatorio «en todas las convocatorias públicas de subvenciones o ayudas que apruebe el Gobierno o cualquiera de las entidades del sector público», existiendo cuatro opciones. La primera es una línea de exclusiva de ayudas (para proyectos concretos de estas comarcas despobladas). En segundo lugar, se contempla una reserva de crédito (del presupuesto total un mínimo del 30 por ciento tiene que ir destinado a estas zonas). Una tercera medida es la asignación de mayor cuantía económica. Así las cosas, si es una convocatoria de adjudicación directa, los proyectos de estas zonas tendrán que recibir más cantidad de ayuda. Será un 20% para zonas de riesgo y municipios de más de 2.000 habitantes en zonas de intensa despoblación; un 30% en municipios de menos de 2.000 habitantes de zonas de intensa despoblación y en los mayores de 2.000 en zonas de extrema despoblación; y del 40% para menos de 2.000 habitantes en zonas de extrema despoblación como es el caso de la mayor parte de Guadalajara. Por último, la ley fija una puntuación más alta para los municipios más despoblados en el caso de convocatorias de ayudas basadas en la concurrencia competitiva.  

Desde la Asociación Serranía Celtibérica valoran «de manera positiva» la puesta en marcha de esta nueva ley que trata de frenar la despoblación «siempre y cuando se cumpla y no quede en un canto de sirenas», advierte Díaz. «Hay que reconocer que es un paso importante, es una ley que tiene buen aspecto y que, además, es integradora porque para su redacción se ha tenido en cuenta la opinión de los agentes implicados», añade. Precisamente, Serranía Celtibérica es uno de los colectivos centrados en la lucha contra la despoblación que presentó alegaciones y propuestas a esta norma.  A juicio de su secretaria en Guadalajara, la estimulación del empleo en el medio rural «como medida para fijar unas estructuras básicas» ha de ser el objetivo prioritario de la administración. Además, Díaz apela a la necesidad de atajar el problema de la falta de vivienda asequible en los pueblos y, por otro lado, considera fundamental tanto la formación «porque el mundo rural necesita sus propios profesionales» como la defensa del patrimonio como vehículo para crear una identidad cultural y crear arraigo.

Por su parte, Marío González Somoano, el vicepresidente de la Asociación Pueblos con Futuro –otros de los colectivos más implicados en la lucha contra la despoblación en la provincia–, considera que «las leyes están bien», pero que  lo más efectivo para incentivar la vida en el medio rural es «aplicar pequeñas medidas, pero efectivas» y que, en la mayoría de los casos, «la administración no tiene cintura para hacerlo». En concreto, González Somoano hace referencia a «los microcréditos» al ser «perfectos» para ayudar a las familias que quieren establecerse en un pueblo, pero que necesitan pequeñas y rápidas aportaciones económicas para, por ejemplo, abrir una tienda o poner en marcha el bar del centro social. «Son pequeñas ayudas que no llegan ni a los 5.000 euros, pero que necesitan para arrancar», declara. La rebaja de la cuota de los autónomos, la mejorar de las telecomunicaciones o la necesidad de crear un banco de viviendas en los pueblos son otras iniciativas urgentes que desde Pueblos con Futuro reclaman para fomentar el retorno de la población al medio rural.