Es previsible que en unos meses la actividad de la Subdelegación del Gobierno se traslade al antiguo edificio de los juzgados de la capital durante un tiempo prolongado, que fácilmente podría pasar de un año, con el fin de acometer un proyecto de rehabilitación del edificio.

Se trata de la renovación de las conducciones de agua y electricidad, aunque se aprovechará para renovar parte de la carpintería interior de suelos y puertas, trabajos que afectarán a casi todo el edificio, salvo a la planta baja.

Precisamente por afectar a prácticamente todo el edificio, se puso sobre la mesa la opción del traslado a Beladíez como la más asumible teniendo en cuenta que  ambas edificaciones son propiedad de la Administración General del Estado, aunque dependan de distinto ministerio. Además,  se ha tenido en cuenta que las dependencias de los antiguos juzgados ya está disponible. Desde la propia Subdelegación reconocen a este medio que parece la opción más «lógica y probable» en este momento.

«El edificio de la Subdelegación es bastante antiguo y tiene carencias que hay que afrontar. A partir de diciembre veremos cuando nos vamos», apunta la subdelegada Mercedes Gómez haciendo referencia a los antiguos juzgados. 

El proyecto de esta rehabilitación está realizado desde hace tiempo aunque, por diferentes razones, se ha esperado hasta este momento para ejecutarlo. 

De hecho, antes de iniciar estas obras se han tenido que acometer unos trabajos de urgencia consistentes en la canalización de aguas debido a la aparición de  bastantes humedades en la planta baja de las dependencias de la Subdelegación. «Era una obra necesaria. Si no se acometía, podría haber generar problemas importantes en la infraestructura», precisa a La Tribuna la subdelegada del Gobierno.

Así, todo apunta que, en breve, los casi 50 trabajadores de este servicio marcharan a Beladíez porque el Ayuntamiento ya ha concedido  la licencia de obra para el proyecto de rehabilitación. Todo ello después de que el proyecto haya recibido también el visto buen del Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha, donde se verificó que los trabajos a ejecutar no afectan a elementos de la fachada y «cumplen con lo estipulado».