El campo paga la crisis de costes

Vidal Maté
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Los gastos asociados suponen ya más del 60% del valor de la producción final agraria, frente a un 47% que representaron la campaña pasada

El campo paga la crisis de costes - Foto: Tomás Fernández de Moya

El sector agropecuario en su conjunto ha sido una de las actividades más afectadas por el encarecimiento de los medios de producción -gasóleo, fertilizantes, energía y piensos para las actividades ganaderas-, en gran parte provocados por la invasión de Ucrania y utilizado por los grandes operadores de los mercados para aumentar beneficios. Esta situación negativa para la actividad agraria se agravó con el recorte de algunas de las producciones más importantes, como los cereales, el aceite de oliva, los cítricos o la vendimia, paliadas solamente en parte por la mejora de los precios, especialmente en cereales y aceite.

Hoy, en contra de la actividad agraria, a los incrementos de los costes de producción se están sumando las presiones del Gobierno a la gran distribución, como eslabón final de la cadena alimentaria, para bajar los precios de la cesta de la compra en los productos alimentarios, lo que, a pesar de la negativa de ésta a llegar a un acuerdo, se traducirá en un tiempo de rebajas y de ofertas que, primero, pagarán las industrias y, a la postre, los agricultores y ganaderos como origen de la cadena.

En los últimos años se ha venido registrando un progresivo incremento del peso de los medios de producción sobre el valor de las producciones agrarias y, en definitiva, sobre la renta neta de la actividad. El pasado año, sobre una producción final agraria estimada en algo más de 56.000 millones de euros, los costes de producción se elevaron a 26.774 millones de euros, que representan un 47% del valor total. En esos gastos destacaban los algo más de 1.200 millones de euros en semillas, los 2.300 millones en energía y lubricantes, unos 2.100 millones en fertilizantes, más de 14.000 millones de euros en piensos y otros casi 5.000 millones en otras diferentes partidas, desde gastos financieros a maquinaria y repuestos, pasando por productos fito y zoosanitarios.

Las diferentes crisis soportadas en la economía mundial, en el caso de la actividad agraria se han traducido en subidas disparadas de los precios de la maquinaria y los repuestos, desde los elementos mecánicos a las ruedas, con incrementos que, en medios de producción claves como energía o fertilizantes, superaron el 200%. Las cabañas ganaderas, cuya situación se agravó para algunos segmentos por la falta de pastos debida a la sequía y la consecuente necesidad de una mayor utilización de los piensos, han sido la paganas de esta situación. Se ha pasado de una factura hace un año de 14.000 millones de euros en alimentación para los animales a, previsiblemente, más de 20.000 millones este ejercicio. Se calcula un incremento de entre un 40% y un 50%. En total, frente a ese 47% que suponían los costes de producción sobre el valor de la producción final agraria el pasado año, en esta campaña, con unos costes que se situarían en el entorno de los 38.000 millones de euros, se podría disparar hasta superar ampliamente el 60% de los ingresos.

Desde el sector agrario se destaca esta situación de pérdida progresiva de rentabilidad por la evolución de los costes de producción y se llama a una reflexión cuando se constata la escasa incorporación de los jóvenes a la actividad.

Las ayudas aliviaron.

En una parte mínima, esos incrementos de costes se habrían paliado puntualmente con ayudas extraordinarias, como los 169 millones para el sector del vacuno de leche, otros 193 millones para otros sectores agrarios (muy especialmente para el vacuno de carne con hasta 110 millones), 10 millones para los pollos, 38 millones para el sector de los cítricos, (Andalucía-Valencia) y 31 millones para ovino y caprino, a los que se suman otros 60 millones para rebajar las primas en los seguros agrarios y la ayuda a los precios de gasóleo, que también se extendió al transporte y al resto de los usuarios con carácter general.

Las medidas tuvieron un impacto muy positivo, especialmente en el vacuno de leche, en un momento de precios a la baja hasta su progresiva recuperación a los niveles actuales, que ya suponen una rentabilidad a pesar de los precios de los piensos. En vacuno de carne también se registró una subida de precio en los mercados. Pero las salidas para el futuro no son ayudas, sino precios rentables en una actividad competitiva donde posiblemente también se podrían reducir los costes con tecnología, formación, asesoramiento e información.

Además de esta situación de costes, el sector agrario se debe enfrentar a las dificultades para poder repercutirlos en los precios de venta de sus productos en aplicación de la Ley Cadena Alimentaria, que obliga a los compradores en origen a pagar esos costes. Sin embargo, en contra de los intereses del campo para sacar rentabilidad a su actividad se halla la presión desatada en los últimos tiempos desde los ministerios de Trabajo y Consumo sobre la gran distribución para topar los precios de venta de una serie de productos alimentarios. Aunque no se ha producido una respuesta en esa línea desde la gran distribución, la realidad es que desde diferentes grupos ya han salido estrategias encaminadas a reducir los precios de venta actuales con numerosas políticas de ofertas.

Con la mirada en el pasado, los datos muestran que esas rebajas se han hecho especialmente ajustando los precios de compra a la industria alimentaria y, a la postre, como primer eslabón de la cadena, los precios en el campo. Esto ha ocurrido sobre todo por la condición de inferioridad de agricultores y ganaderos debida a diferentes razones, desde la falta de estructuras comercializadoras potentes a una menor capacidad negociadora al tratarse, en muchos casos, de productos perecederos.

En el marco de la Ley de la Cadena, en el Ministerio de Agricultura funciona el llamado Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde todas las partes analizan periódicamente la evolución de la misma para detectar posibles desajustes. En consecuencia, existe un mecanismo para monitorizar la evolución de los precios de venta de los productos agroalimentarios. Sin embargo, se echa en falta un mecanismo similar para seguir la evolución de los costes de los medios de producción. No para corregirlos por decreto, sino simplemente como punto de partida para estar al tanto de su situación y analizar el porqué de los incrementos que se producen.